Por Juan Pablo Ojeda
El gigantesco caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) acaba de escalar todavía más. No solo se trata del desfalco multimillonario detectado en la dependencia, sino de presuntos vínculos con huachicol, tráfico de armas y una red empresarial que toca a personajes con peso político y económico.
En el centro de esta historia aparece Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario que ahora es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La FGR libró una orden de aprehensión en su contra el pasado 15 de septiembre, relacionada con una red de robo de hidrocarburos en la que también estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo. La revelación añade un capítulo inesperado a un expediente que ya estaba marcado por contratos inflados, irregularidades administrativas y sospechas de uso político de recursos.
Contratos millonarios pese a advertencias previas
Durante la administración pasada, Alberts Ponce fue beneficiado con cuatro contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos a través de su empresa Acurgen S.A. de C.V., supuestamente para servicios de fumigación y sanitización. Estos contratos avanzaron sin freno pese a que la Auditoría Superior de la Federación había advertido desde 2018 que Acurgen participó en los desvíos de la Estafa Maestra.
El detalle más llamativo: la empresa declaró como domicilio fiscal una casa en Polanco, propiedad del hijo de Julia Abdalá, pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett. Un cruce que aviva las sospechas sobre posibles influencias políticas y redes familiares detrás de los contratos.
A esto se suma que otra empresa vinculada a Alberts Ponce, Seicsa, recibió múltiples contratos millonarios cuando Bartlett dirigía la CFE, además de acuerdos con otras dependencias federales que superan los 2 mil millones de pesos. Entre los socios aparece incluso un cónsul honorario de Nicaragua, según MCCI.
De beneficiario federal a desarrollador inmobiliario
Tras recibir los contratos de Segalmex, Alberts Ponce se asoció con empresarios previamente señalados en el mismo fraude—Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza—para crear Grupo Aura, una empresa desarrolladora de edificios de lujo en Yucatán.
Pero el giro inmobiliario tampoco escapó a los escándalos. Compradores denunciaron a Grupo Aura por no entregar departamentos ya pagados, lo que derivó en nuevas denuncias penales por presunto fraude y delincuencia organizada.
Uno de sus socios, Lambretón López Ostolaza, obtuvo un criterio de oportunidad ante la FGR, librándose de procesos penales por su participación en convenios que costaron a Liconsa 1,686 millones de pesos.
Investigaciones en Querétaro y el vínculo con el huachicol
En septiembre de este año, Alberts Ponce promovió un amparo para frenar el aseguramiento de un inmueble en Querétaro. La propiedad, ubicada en la comunidad de El Ahorcado, fue cateada por la FGR, que incautó seis autotanques llenos de hidrocarburo robado.
La evidencia sugiere que la historia de Segalmex no solo implica desvíos administrativos, sino la operación de redes criminales conectadas con combustible ilegal, propiedades estratégicas y tráfico de armas.
Mientras las autoridades continúan las investigaciones y más nombres aparecen en el expediente, el caso Segalmex se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, con ramificaciones que alcanzan al viejo y al nuevo poder político.
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