Por Bruno Cortés
En medio del debate legislativo sobre las reformas al juicio de amparo, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, lanzó una advertencia que suena fuerte: la iniciativa que se discute en el Congreso podría dejar a millones de mexicanos sin una herramienta real para defender sus derechos frente al poder o la injusticia.
En palabras simples, el amparo es ese recurso legal que cualquiera puede usar cuando una ley o autoridad le afecta injustamente. Es, digamos, la “última carta” del ciudadano frente al Estado. Pero, según Ortega, las reformas que se impulsan desde el Senado limitan el llamado “interés legítimo”, es decir, ponen más trabas para que las personas o colectivos puedan presentar un amparo, salvo que tengan un interés directo, demostrable y, claro, dinero para sostener el proceso.
La diputada explicó que esto abre la puerta a que solo los grandes corporativos, esos que tienen recursos y abogados especializados, puedan defenderse ante leyes o decisiones gubernamentales que les afecten, mientras que los ciudadanos comunes quedan prácticamente desprotegidos.
“Por ejemplo, muchos padres se amparan contra el pago de pensión alimenticia, y eso sí afecta a las familias y a los niños, pero la reforma no toca ese problema. Solo se enfoca en los temas que interesan a los poderosos”, señaló Ortega ante los medios.
Además, recordó que muchas luchas sociales se han ganado gracias al amparo, desde los padres de niños con cáncer que lograron tratamientos, hasta colectivos ambientalistas que han frenado obras que dañan ecosistemas. “Si quitan ese margen de acción, estarán silenciando la voz de quienes no tienen poder, pero sí causa justa”, dijo.
Ortega Pacheco pidió que en la Cámara de Diputados se corrija el rumbo y se devuelva el sentido ciudadano a la ley, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de retroactividad, es decir, que los nuevos límites puedan afectar amparos ya interpuestos o casos en curso.
Y aunque fue consultada también sobre las polémicas declaraciones del diputado Hugo Eric Flores —quien afirmó que “el 70% del territorio nacional está gobernado por narcotraficantes”—, la legisladora de MC se deslindó: “No tengo conocimiento de eso, pero si lo dice alguien de la Cuarta Transformación, pues que lo atiendan las autoridades, porque ellos son los que gobiernan hoy”, respondió.
Al final, Ortega apuntó que el país atraviesa una etapa de inseguridad compleja, donde se acumulan reportes de secuestros, desapariciones y cobros de piso, situaciones que no solo golpean a empresarios, sino también a comunidades indígenas y pequeños productores.
Entre las líneas de esta discusión hay una pregunta de fondo: ¿hasta dónde se puede limitar el derecho de defensa de la gente común sin romper con el espíritu de la Constitución? Porque, como advierte la diputada, si el amparo deja de ser una herramienta ciudadana para convertirse en un privilegio de quienes pueden pagar un bufete caro, la justicia perdería su carácter más esencial: ser para todos.
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