Por Bruno Cortés
En el Congreso a veces las cosas parecen más complicadas de lo que son, pero cuando se trata de asegurar que nadie quede fuera —especialmente los pueblos indígenas y afromexicanos— hay avances que sí se entienden, y se celebran. Esta semana, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez de Morena, se puso las pilas y aprobó varias opiniones clave que tienen que ver directamente con cómo se gasta el dinero público, cómo se protege la tierra y cómo se escucha a quienes por mucho tiempo fueron ignorados.
Primero lo primero: revisaron los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre cómo va el gasto público en 2024. Aunque no se auditó directamente al INPI (el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), sí se detectaron efectos en otras instituciones que manejan recursos relacionados con estos pueblos, como el INEA (educación para adultos) y el INSUS (suelo sustentable). ¿Qué significa esto? Que aunque no les estén revisando directamente, los impactos de políticas transversales sí llegan, y por eso es clave mantener la lupa encima.
Después, le dieron el visto bueno a una iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Y qué tiene de especial? Que propone usar bien el nombre del famoso “Anexo Transversal” que destina recursos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. No es solo un cambio de nombre, es un paso para visibilizar su existencia en el presupuesto y, sobre todo, para que los recursos lleguen con reglas claras, sin trámites imposibles ni requisitos fuera de la realidad. Que el dinero fluya y llegue a donde tiene que llegar, esa es la idea.
Además, por fin se reconoce en la ley algo que ya estaba en la Constitución desde 2019: que las personas afromexicanas existen, tienen derechos y deben ser parte del juego político y presupuestal. Eso no solo es justo, también es urgente. Durante décadas estuvieron invisibles en los programas públicos, y este tipo de cambios apuntan a corregir esas omisiones históricas.
Otra propuesta que se avaló fue una reforma a la Ley Agraria. En términos simples, lo que quieren es que si el gobierno quiere hacer algo —ya sea una ley, una obra, o una decisión administrativa— en tierras que pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas (o están junto a ellas), tiene que consultarlas primero. Esto ya está en la Constitución, pero no estaba en la Ley Agraria. ¿Por qué importa? Porque muchas veces se toman decisiones desde el escritorio sin escuchar a quienes realmente viven y cuidan esas tierras. Y eso termina mal.
Hubo una discusión interesante sobre cómo debe estar redactada esta obligación. Las diputadas de Morena propusieron que no se diga «cuando causen impactos», sino «cuando puedan causar», porque el daño muchas veces no se ve hasta que ya es tarde. Es decir, más vale prevenir que lamentar.
Por otro lado, no todas las propuestas pasaron. Se rechazó una iniciativa sobre telecomunicaciones que buscaba apoyar con más publicidad y trámites simplificados a los medios indígenas y afromexicanos. No porque fuera mala, sino porque ya se había aprobado otra ley que incluye esos puntos, así que esta propuesta ya no tenía razón de ser. Como dicen en el Congreso: «quedó sin materia».
Finalmente, como parte del trabajo de la Comisión más allá de las leyes, se anunció una muestra de cine por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Será del 5 al 7 de agosto en San Lázaro. No es una ley, pero sí es una forma poderosa de visibilizar culturas, lenguas e historias que también construyen a México.
En resumen, entre tecnicismos y votos, lo que se discutió esta semana tiene que ver con algo muy básico: que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan acceso real a recursos, a decisiones, y a un trato digno desde el Estado. No se trata de darles “ayuda”, sino de reconocerlos como lo que son: sujetos de derechos con voz, tierra, historia y futuro.
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