Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se abrió una conversación que toca fibras sensibles y al mismo tiempo revela un hueco enorme en la legislación laboral: el derecho de las y los trabajadores a vivir el duelo sin miedo a perder el empleo o el salario. El diputado Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca algo tan básico como humano: que, ante la muerte de un familiar cercano, la persona trabajadora pueda ausentarse cinco días hábiles con goce de sueldo. Hoy, en muchos centros de trabajo, ese permiso no existe, no está claro o depende enteramente de la buena voluntad del patrón.
La propuesta añade una nueva fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para obligar a los empleadores a otorgar este permiso en casos de fallecimiento de familiares en primer grado, es decir, padres, madres, hijas, hijos, cónyuges o parejas reconocidas legalmente. Y pensando en quienes tienen que viajar para despedirse de los suyos, se establece que, si el funeral ocurre en otra entidad del país o en el extranjero, podrán pedir hasta tres días adicionales siempre que justifiquen el traslado.
Más allá de lo jurídico, la iniciativa pone sobre la mesa una realidad que muchas veces se ignora en la política pública: el duelo no es un trámite, es un proceso emocional y físico que descoloca por completo la vida cotidiana. El legislador argumenta que obligar a alguien a regresar al trabajo al día siguiente de perder a un ser querido es una forma de violencia institucional silenciosa, normalizada y profundamente deshumanizada. Y tiene razón: no se puede esperar concentración, productividad o buen ánimo de una persona que apenas está procesando la pérdida.
El proyecto recuerda algo que la medicina y la psicología llevan tiempo advirtiendo: un duelo negado o apresurado puede convertirse en un problema mayor, desde depresión hasta ansiedad o trastornos de duelo prolongado. Además, cuando el proceso emocional se ignora, no sólo se afecta la salud del trabajador, también la dinámica laboral: bajan los niveles de productividad, aumentan los errores, crecen los riesgos de accidentes —especialmente en actividades peligrosas— y, a mediano plazo, pueden aumentar las renuncias.
Por eso el planteamiento de López Hernández no es menor. Aunque parece una reforma pequeña, implica un giro hacia centros de trabajo más humanos y alineados con los principios de dignidad y bienestar que la Constitución establece. Y, sobre todo, responde a una deuda histórica con millones de personas que, en uno de los momentos más dolorosos de su vida, merecen apoyo real y no sólo palabras de solidaridad.
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