Por Bruno Cortés
En un mundo donde buscar trabajo ya no significa recorrer oficinas con currículum en mano, sino navegar entre páginas de internet y grupos de WhatsApp, también han surgido nuevas trampas que aprovechan la necesidad de la gente. Justo contra eso va la propuesta de la diputada priista Ofelia Socorro Jasso Nieto, quien plantea endurecer la ley para castigar con cárcel a quienes publiquen ofertas de empleo falsas o anuncios laborales fraudulentos en plataformas digitales.
La iniciativa propone añadir un nuevo artículo al Código Penal Federal que establezca penas de cinco a diez años de prisión y multas que podrían llegar hasta las 800 UMAs, es decir, cientos de miles de pesos, para quienes utilicen páginas de internet, redes sociales, servicios de mensajería o cualquier medio digital para difundir vacantes inexistentes o con fines engañosos.
La legisladora explica que las estafas laborales en línea han crecido con la misma velocidad con la que se expande el mercado digital. Lo que en apariencia parece una oportunidad para mejorar la vida, en realidad se convierte en un riesgo para el patrimonio, la seguridad y los datos personales de quienes buscan empleo. En muchos casos, estos fraudes no se quedan en la pérdida de dinero: se han detectado situaciones que terminan en extorsiones, robo de identidad e incluso trata de personas.
El modus operandi es variado, pero con un mismo fin: engañar. Desde anuncios en redes sociales que suplantan a empresas conocidas, hasta mensajes de “contratación inmediata” que piden dinero para acelerar trámites, entregar credenciales falsas o asegurar un contrato inexistente. Todo esto, apunta la diputada, circula en Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas que se han vuelto terreno fértil para los estafadores.
El problema pega más fuerte a quienes menos herramientas tienen para defenderse: jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres que necesitan ingresos rápidos, personas desempleadas o migrantes en situación vulnerable. En todos estos casos, el fraude laboral no solo significa perder dinero, sino también quedarse sin alternativas reales de trabajo y en un estado de mayor desprotección.
Para Jasso Nieto, la solución está en reforzar la ley con un tipo penal específico que castigue la publicación de ofertas de empleo fraudulentas. No se trata solo de sancionar, dice, sino de mandar un mensaje claro: internet no puede ser tierra de nadie cuando se trata de derechos tan básicos como el acceso a un trabajo digno y seguro.
La propuesta ya fue enviada a la Comisión de Justicia y, de avanzar, colocaría a México en un paso adelante contra una de las estafas más extendidas y silenciosas del mundo digital. Porque al final, lo que está en juego no es solo dinero: es la confianza de la gente que busca, legítimamente, una oportunidad de vida.
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