Por Bruno Cortés
En el Congreso se cocina una de esas discusiones que parecen técnicas, pero que en la vida real pueden cambiarle la jugada a cualquier ciudadano: la reforma a la Ley de Amparo que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado. El diputado panista Federico Döring Casar la bautizó como “una nueva canallada jurídica” y explicó, con ejemplos sencillos, por qué le preocupa.
El amparo es esa herramienta legal que cualquier persona puede usar para frenar abusos de autoridad, desde exigir un medicamento urgente en un hospital público, hasta detener un proyecto de obra que afecte una propiedad privada. Es como el botón de emergencia que permite decirle al juez: “mis derechos están siendo pisoteados, necesito que me protejan”.
Pero según Döring, con la reforma las cosas cambiarían de manera radical. Imagina que un juez reconoce que tienes toda la razón, pero al momento de hacer cumplir la sentencia, el gobierno dice que no hay dinero o que “materialmente es imposible” hacerlo. Con ese pretexto, la resolución quedaría en el aire. Dicho de otra forma: aunque ganes el amparo, no se aplicaría.
El diputado fue más allá y recordó casos emblemáticos como el aeropuerto de Texcoco o las quimioterapias negadas a niños con cáncer. Con la nueva ley, advirtió, el gobierno podría continuar obras o negar tratamientos alegando falta de presupuesto, incluso si un juez había otorgado el amparo. Y no solo eso: alertó que presuntos delincuentes de alto perfil también podrían aprovechar vacíos legales para evitar que se congelen sus cuentas bancarias ilícitas.
Döring criticó además que el gobierno actual maneja los procesos judiciales con desigualdad: algunos funcionarios señalados en investigaciones delicadas obtienen amparos exprés y trato preferencial, mientras otros casos se alargan indefinidamente. Para él, esta reforma sería un retroceso en la protección jurídica de la ciudadanía y pondría a prueba si la justicia mexicana puede ser realmente pareja.
En medio de este debate, el legislador también tocó el tema del huachicoleo, acusando que hay impunidad en las investigaciones y retrasos estratégicos en órdenes de aprehensión que, según él, parecieron coincidir con la visita de legisladores internacionales. Incluso cuestionó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a quien acusó de usar el tema como propaganda política y no como un problema real de seguridad y corrupción.
En resumen, el PAN pinta este intento de reforma como un golpe al derecho de defensa de los mexicanos frente al gobierno. La pregunta que flota en el aire es si el Congreso permitirá que el amparo, ese salvavidas legal que ha detenido abusos por décadas, se convierta en un recurso casi decorativo.
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