Por Juan Pablo Ojeda
Norma Piña, quien durante más de dos años encabezó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó este martes el cargo de ministra presidenta, en medio de tensiones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum. Su salida coincide con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz al máximo tribunal, quien ya anunció recortes en pensiones y beneficios para exministros.
Durante su gestión, Piña se convirtió en un contrapeso incómodo para el Ejecutivo, frenando reformas clave aprobadas en el Congreso. El ejemplo más claro fue la reforma electoral de López Obrador, que no avanzó por decisiones de la Corte bajo su liderazgo. Esa tensión se reflejó en episodios públicos, como la falta de aplausos a la ministra en el Día de la Constitución de 2023 o la ausencia de representantes de la Corte en la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.
Con la llegada de Aguilar Ortiz, el máximo tribunal inicia una nueva etapa marcada por la austeridad: la reducción de pensiones a exministros y la eliminación de beneficios que habían sido cuestionados por la opinión pública. Estas medidas impactan directamente a Piña y a quienes dejaron el cargo en años anteriores.
¿Qué sigue para Norma Piña?
De acuerdo con la Constitución mexicana, los exministros enfrentan restricciones claras. El artículo 101 establece que no pueden ocupar cargos en el gobierno federal, estatal o municipal ni en organismos autónomos durante dos años. Tampoco pueden litigar ni actuar como representantes legales en casos dentro del Poder Judicial. Esto significa que Piña no podrá ser secretaria de Estado, legisladora, gobernadora ni fiscal hasta 2027.
A pesar de estas limitaciones, Piña ha manifestado que seguirá ligada al ámbito jurídico, en docencia, investigación o defensa del Estado de Derecho, aunque no ha confirmado proyectos específicos.
La salida de Norma Piña y la llegada de Hugo Aguilar marcan un cambio de rumbo en la Corte. Mientras Piña simbolizó resistencia frente al poder político, Aguilar arranca con una agenda de ajustes internos que reconfiguran las condiciones de retiro en el máximo tribunal. El relevo deja ver que la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo seguirá siendo uno de los puntos centrales en la política mexicana de los próximos años.
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