Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados volvió a subir el tono, y esta vez no por una reforma, sino por lo que pasa fuera del recinto: los bloqueos carreteros que productores y transportistas iniciaron en distintas zonas del país. Para el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, el problema no es el bloqueo en sí, sino que desde la Secretaría de Gobernación —encabezada por Rosa Icela Rodríguez— se le quiera poner un tinte político y minimizar lo que él describe como un reclamo legítimo por la inseguridad que viven miles de conductores todos los días.
Moreira soltó un dato que golpea fuerte: se estima que hay 70 asaltos diarios contra transportistas. Si uno lo piensa en términos prácticos, significa que cada hora, en algún punto del país, alguien pierde su mercancía, su trabajo o incluso la vida por la falta de vigilancia en las carreteras. Y la molestia no es menor; los transportistas llevan meses advirtiendo que el riesgo es cada vez mayor, y sienten que el Gobierno Federal no los escucha. Por eso Moreira critica que Gobernación desvíe la conversación insinuando motivaciones políticas, cuando la realidad —dice él— es mucho más cruda.
Para el priista, este no es un caso aislado. Señaló que en Morena suelen “construir narrativas” en lugar de atender fenómenos reales, como ocurrió con el caso de Carlos Manzo. Desde su perspectiva, el Gobierno debería estar desplegando operativos, coordinándose con estados y usando inteligencia para combatir el crimen en vías federales, no para hacer análisis políticos. Incluso pidió que el Gabinete de Seguridad acuda al Congreso a dialogar sobre estos puntos sensibles y que Gobernación ponga su área de inteligencia “al servicio de la nación, no al servicio político de Morena”.
El pleito no se quedó ahí. También tocó un tema que trae tensos a varios sectores: la nueva Ley de Aguas Nacionales. Morena busca aprobarla con ajustes, pero según Moreira los foros de discusión “estuvieron vacíos”, lo cual muestra el malestar y la desconfianza. En palabras del diputado, la propuesta es “un vil engaño” porque —más allá del lenguaje legislativo— tiene tres intenciones: control político, centralización y recaudación. Lo que más preocupa es que las concesiones de agua se vuelvan temporales; para quienes viven de la agricultura o de la industria, eso significa incertidumbre total, porque un terreno que hoy es productivo podría quedarse sin agua en quince años.
El priista también aprovechó para hablar de otro tema espinoso: la minuta en materia de extorsión, que vino del Senado con reservas que incluyen posibles sanciones a medios críticos. Él reconoce que el país exige medidas firmes contra la extorsión —por eso el PRI apoyó la ley en lo general—, pero advierte que el texto aprobado tiene tres problemas: se generaliza la aplicación, lo que afecta las competencias de los estados; no se acordó con las entidades ni se presupuestó su implementación; y además abre la puerta para castigar a medios incómodos para el gobierno. Para Moreira, esto podría convertirse en una mordaza que limite la libertad de prensa y el derecho a informar.
Su preocupación final fue directa: teme que Morena intente aprobar la minuta “de urgente resolución”, sin revisión profunda, como —acusó— ha ocurrido con otras iniciativas que pasan en “fast track”. Y remató con una frase incendiaria: “yo sé que Morena vota sin leer”.
Con todo, Moreira insiste en que el PRI acompañará las exigencias ciudadanas y seguirá presionando para que estos temas no se aprueben al vapor. En medio de un país donde la inseguridad, el acceso al agua y la libertad de expresión son temas cada vez más sensibles, la discusión promete ponerse más dura dentro y fuera del Congreso.
Deja una respuesta