Por Bruno Cortés
El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no se va a apresurar en temas que requieren cabeza fría y consenso: la revocación de mandato y la tan esperada Ley General de Aguas. Con su estilo prudente, Monreal insistió en que ambos asuntos se discutirán a fondo, sin precipitar votaciones ni imponer posturas.
El legislador explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por su compañero morenista Leonel Godoy, será la encargada de definir la ruta de trabajo sobre la revocación de mandato. Esto incluye abrir el debate, escuchar propuestas de todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, garantizar que la ciudadanía entienda bien de qué se trata este mecanismo. Monreal dijo que podrían tener un dictamen hacia finales de año, o incluso posponerlo hasta febrero, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones. “No hay prisa, queremos una discusión amplia y con claridad para la gente”, subrayó.
El tema de la revocación de mandato ha generado choques políticos en las últimas semanas. Algunos diputados del oficialismo, como Alfonso Ramírez Cuéllar, impulsan una reforma para que este ejercicio ciudadano se realice junto con las elecciones de 2027, lo que ahorraría dinero y facilitaría la participación. Pero desde la oposición han acusado que eso podría tener tintes electorales. Monreal busca bajar la tensión: asegura que no hay una iniciativa presidencial en la materia y que el Congreso actuará con prudencia, transparencia y respeto a los procedimientos.
Pero no todo gira en torno a la revocación. Monreal también adelantó que otro gran pendiente legislativo es la Ley General de Aguas, una reforma que lleva más de una década congelada y que ahora Morena quiere sacar adelante con amplias consultas públicas. El tema del agua, explicó, es complejo: tiene implicaciones sociales, económicas y ambientales. Por eso pidió sensibilidad para escuchar a todos los sectores involucrados: campesinos, ganaderos, mineros, industriales, ejidatarios, productores y empresas embotelladoras.
El diputado zacatecano fue claro: el objetivo de esta ley es que el Estado recupere la rectoría sobre el agua, es decir, que vuelva a ser el principal responsable de su administración, distribución y cuidado. Sin embargo, advirtió que esta rectoría no debe implicar afectar derechos adquiridos ni perjudicar a quienes dependen del agua para producir alimentos o generar empleos. La idea, dijo, es encontrar un equilibrio entre justicia social y sustentabilidad, sin caer en extremismos.
Para lograrlo, la Cámara de Diputados realizará audiencias públicas la próxima semana, de tres a cuatro días, en las que se escuchará a todos los actores con interés en el tema: desde asociaciones civiles hasta empresas refresqueras y embotelladoras. Monreal recalcó que la ley del agua no se puede redactar desde un escritorio: tiene que construirse de la mano con la gente, porque de ese recurso depende la vida y la economía del país.
Finalmente, el líder morenista informó que ya quedó instalado el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, que será presidido por el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé e integrado por los decanos del Congreso. Este comité, dijo, servirá para reforzar la conducta institucional de las y los legisladores, en tiempos donde la confianza ciudadana en la política necesita reconstruirse con hechos.
Con su mensaje, Monreal busca proyectar una imagen de diálogo y sensatez en medio de una legislatura marcada por tensiones partidistas. Mientras unos piden rapidez, él apuesta por la reflexión: debatir bien antes de decidir mal, escuchar antes de legislar y, sobre todo, no olvidar que tanto el agua como la democracia son bienes públicos que deben cuidarse con la misma seriedad.
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