Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se armó el debate sobre un tema que, aunque parece de la vida cotidiana, tiene un trasfondo de salud pública: las bebidas energéticas. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió una iniciativa que busca prohibir que estos productos se vendan a menores de edad. Y no es un capricho: según explicó, los adolescentes consumen cantidades enormes de estas bebidas, muchas veces mezcladas con alcohol, y los daños a la salud ya están documentados.
La propuesta, respaldada también por el diputado José Luis Fernández Martínez del PVEM, no solo plantea cerrar la venta en tiendas y establecimientos, sino en cualquier punto de distribución, incluidos mercados ambulantes o hasta el mercado negro, con sanciones económicas para quienes se salten la regla. El mensaje fue claro: “los jóvenes no pueden seguir expuestos a un riesgo que se puede prevenir”.
Monreal pidió a sus compañeros legisladores que no cedan ante las presiones de las empresas productoras y comercializadoras, que evidentemente están preocupadas por un mercado millonario. Pero, según él, la salud de niñas, niños y adolescentes debe pesar más que los intereses económicos. De hecho, remarcó que esta medida no es para prohibir el consumo general —los adultos seguirán siendo libres de comprar lo que quieran—, sino para proteger a quienes todavía no tienen plena conciencia de lo que ingieren.
El dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Salud y ahora el tema seguirá su curso legislativo. La idea es modificar varios artículos de la Ley General de Salud para blindar legalmente esta prohibición. En palabras del propio Monreal, se trata de prevención pura: menos daños en la salud de los jóvenes significa menos carga para el sistema de salud en el futuro y, sobre todo, menos riesgos inmediatos para quienes hoy consumen estos productos sin restricciones.
El debate está abierto y no será fácil: el mercado de bebidas energéticas mueve millones de litros al año en México y sus defensores intentarán mantener el negocio intacto. Pero lo cierto es que la propuesta pone sobre la mesa un dilema que a muchos padres de familia les suena lógico: ¿vale más la ganancia de las empresas o la salud de los hijos?
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