Por Bruno Cortés
En el Congreso volvió a tensarse la cuerda entre quienes legislan desde la ciudad y quienes trabajan la tierra todos los días. Esta vez, las y los diputados del PRI, encabezados por Rubén Moreira, salieron a respaldar públicamente a productores de Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Baja California Sur que llegaron a San Lázaro con un mensaje claro: la nueva Ley de Aguas no puede seguir avanzando tal como está. No quieren ajustes menores ni “parchecitos”, como dice Moreira, porque “las cosas no van a salir bien con parches”. Piden frenar el proceso, regresar al inicio y construir una ley con ellos, no sin ellos.
Moreira fue directo: los cambios que se han hecho al dictamen no convencen a nadie en el campo. Según él, son ambiguos, insuficientes y hasta cosméticos, como esos retoques que intentan tapar un problema estructural sin resolverlo. Desde su perspectiva, el tema es simple: el derecho al agua es incuestionable, sí, pero no se puede poner en riesgo el otro derecho fundamental, el de la alimentación. Y ese derecho empieza en las manos de quienes siembran, riegan y cosechan para que los alimentos lleguen a la mesa sin que se disparen los precios.
El diputado Humberto Ambriz insistió en algo que muchas veces se pierde entre dictámenes y sesiones: las necesidades del campo no son las mismas en todas las regiones. Lo que funciona en el norte no siempre sirve en el sur, y lo que requiere un productor de temporal no es igual a lo que necesita uno con riego tecnificado. Por eso piden detener la dictaminación y escuchar a todos los sectores, incluso con foros nacionales que permitan revisar la ley con lupa. “Sí queremos una nueva ley”, dijo, “pero queremos que se escuche a todos”.
La vida del campo es ruda y Ambriz lo recordó: los campesinos trabajan de lunes a domingo, llueva o truene, y cada ciclo agrícola ponen en juego su patrimonio. Por eso la preocupación no es menor. Una mala legislación en agua no sólo complica la producción, también encarece la comida y presiona a la economía familiar, algo que ya se siente en los bolsillos.
El priista César Alejandro Domínguez hizo otro señalamiento clave: incluso si quisieran modificar el dictamen “de último minuto”, el reglamento no lo permite. Todo documento debe circular con cinco días de anticipación, así que no hay margen para cambios exprés. Además, señaló que siguen pendientes temas de fondo como la transmisión de concesiones y la competitividad en el uso del agua, asuntos que definen quién puede producir, cómo y con qué recursos.
Los mismos productores presentes en la conferencia cuestionaron la prisa del Congreso. Ven con inquietud que se quiera aprobar una ley de ese tamaño sin un análisis serio y sin tiempo suficiente para construir consensos. Recordaron que el campo no es un sector más: es el punto de partida del desarrollo económico, el que genera empleo y garantiza el abasto de alimentos. Una ley mal diseñada —advierten— no sólo sería injusta, sino también contraproducente para el país entero.
Por eso insistieron en un nuevo marco jurídico construido “de abajo hacia arriba”: desde quienes producen, hacia quienes legislan. Si no se hace así, dicen, no será una reforma, sino una imposición. Y en un país donde la alimentación depende de millones de personas que viven del campo, imponer sin escuchar parece el camino más corto hacia un conflicto mayor.
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