En una medida sin precedentes en la administración pública federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó la suspensión inmediata de toda contratación de personal —incluidos empleados de base, eventuales y por honorarios— en el Ejecutivo federal, salvo autorización expresa de la propia dependencia.
De acuerdo con el oficio 411/UDPCSG/2025/560, emitido por la Unidad de Control Presupuestario y del Gasto en Servicios Personales (UDPCSG), a partir del 30 de julio de 2025 queda congelada la ocupación de todas las plazas presupuestarias contempladas en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, afectando a secretarías, órganos desconcentrados, entidades y tribunales administrativos.
Entre las nuevas disposiciones destacan:
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Prohibición de contrataciones por honorarios, nuevas plazas o modificaciones salariales sin aval de Hacienda.
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Entrega de prestaciones no previstas en la ley (como seguros de ahorro o pensiones especiales), solo con autorización explícita.
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Restricción para reocupar plazas vacantes: deberán estar sin uso por al menos 30 días y contar con una solicitud acompañada de documentos oficiales, conciliaciones previas y formatos en Excel y PDF.
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Plazas eventuales y contratos por honorarios no podrán ir más allá del 31 de diciembre de 2025.
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Asesores solo para funcionarios con rango de subsecretario o superior.
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Prohibición de pagos retroactivos mayores a 45 días o compensaciones extraordinarias.
Hacienda también ordena que todos los remanentes de plazas vacías o de cuotas de seguridad social no ejercidas deberán devolverse al Ramo General 23, una bolsa de control presupuestario federal.
Además, las dependencias están obligadas a reportar mensualmente su nómina en el Sistema de Control Presupuestario de Servicios Personales (SCPSP) para conciliar pagos y prevenir duplicidades o percepciones indebidas.
Estas medidas derogan cualquier disposición previa y fortalecen el control centralizado del gasto público en nómina, uno de los rubros más costosos del presupuesto nacional, con más de 1.5 millones de burócratas en la estructura federal.
Con esta decisión, el gobierno busca contener el crecimiento del gasto corriente, garantizar la eficiencia del uso de recursos públicos y cerrar espacios a posibles desvíos o simulaciones en la gestión de plazas.
Las unidades que no cumplan con las disposiciones podrían perder de forma definitiva los recursos no ejercidos.
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