Política en Movimiento/ Angélica Beltrán
CDMX a 12 de septiembre del 2025 (Noticias de México).- Es momento de deslindar responsabilidades en torno al terrible accidente ocurrido en la intersección CDMX-Edomex, donde por negligencia de autoridades capitalinas —y quizá por corrupción— una empresa gasera circulaba en horario y vía prohibida para este tipo de transporte.
Hasta ahora se reportan 100 personas heridas; de ellas, 10 fallecieron, más de 50 permanecen en estado crítico y alrededor de 40 en condición delicada; lo cual significa que todas enfrentarán secuelas permanentes.
En este trágico suceso la responsabilidad del gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada es innegable. Si bien ha buscado proyectar una imagen de cercanía con la gente, hechos como éste —y como el asesinato de sus colaboradores en plena vía pública meses atrás— exigen investigaciones rápidas y expeditas. Y, sin embargo, ha quedado a deber a los deudos y a los capitalinos, en materia de justicia.
A casi 24 horas de la tragedia, las autoridades capitalinas comparecieron ante la prensa sin información contundente sobre las causas del accidente. En la conferencia participaron la fiscal general de justicia, el secretario de Seguridad Ciudadana, el secretario de Gobierno, la directora de Protección Civil y la jefa de Gobierno; sin embargo, ninguno aportó datos sólidos ni contundentes.
Brugada, en lugar de ofrecer respuestas, se limitó a agradecer la ayuda de autoridades federales, locales y del Estado de México, como si la atención a la emergencia no fuera obligación de todos ellos.
Las hipótesis sobre el origen del accidente son dos: la primera responsabiliza al chofer de la pipa por presunto exceso de velocidad; la segunda apunta a la omisión de las autoridades al permitir que la unidad circulara en un horario y vía restringidos para transporte de sustancias peligrosas.
En este último caso, la falta de supervisión recae directamente en el gobierno capitalino y del del Estado de México. Por lo que se cuestiona con energía ¿de qué sirve el C5 y el sistema de videovigilancia más robusto del país, si tragedias de este tipo pasan inadvertidas?
Lo más alarmante en la conferencia de medios fue la evasión de respuestas clave. Al ser cuestionada sobre los protocolos de circulación de pipas y transportes peligrosos, Brugada respondió que “se está investigando”, cuando esa información ya está claramente establecida en el Reglamento de Tránsito. Incluso pidió un informe a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sobre condiciones de circulación, como si apenas fueran a enterarse de la normativa vigente. La fiscal Alcalde Luján tampoco definió un plazo para presentar el peritaje del accidente, lo que abre la puerta a que la investigación se prolongue indefinidamente.
En medio de esta opacidad, la jefa de Gobierno se paró el cuello al decir que, aunque corresponde a la empresa gasera asumir la responsabilidad, siendo su administración la de un gobierno solidario, brindará apoyos económicos y asistenciales para las 100 familias afectadas. No obstante, evitó precisar montos y, al ser cuestionado, el secretario de Gobierno sólo refirió un “primer apoyo para transporte” sin precisar cantidades. Es más, para acabarla, iniciará el censo de los afectados.
En fin, que, en este turbio escenario, los afectados son víctimas sin justicia clara a la vista; con un gobierno más preocupado por deslindarse, que por asumir la parte de responsabilidad que le corresponde; esto, a menos de un mes de que Brugada ofrezca su primer informe de actividades, el próximo 5 de octubre.
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