Por Juan Pablo Ojeda
La historia de corrupción que durante años ha perseguido a Petróleos Mexicanos volvió a cruzar fronteras. Esta vez, un jurado federal en Houston declaró culpable a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, un empresario mexicano de 46 años, por su participación en un esquema de sobornos a funcionarios de Pemex y Pemex Exploración y Producción (PEP). El caso, que destapa una red de favores, pagos ilegales y contratos asegurados con ventaja, podría llevarlo a enfrentar hasta quince años de prisión.
El veredicto, emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sentenció a Rovirosa por conspiración y dos violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una legislación diseñada para perseguir actos de corrupción cometidos fuera del territorio estadounidense siempre que involucren a empresas o residentes del país. Aunque fue absuelto de un cuarto cargo, la decisión del jurado dejó claro el peso de las pruebas en su contra.
Este caso no se gestó en oficinas oscuras ni en paraísos fiscales: ocurrió entre 2019 y 2021, desde Texas, donde Rovirosa vivía como residente permanente en la zona de The Woodlands. Según la investigación, él y sus colaboradores entregaron más de 150 mil dólares en sobornos, además de artículos de lujo, relojes y otros bienes de alto valor, a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP. A cambio, las empresas vinculadas al empresario obtuvieron contratos, cobraron más rápido y aseguraron negocios valuados en al menos 2.5 millones de dólares.
La red no operaba sola. Su cómplice, Mario Alberto Ávila Lizárraga, otro empresario mexicano de 61 años y también residente legal en Estados Unidos, permanece prófugo. Las autoridades estadounidenses han intensificado los esfuerzos para localizarlo, pues sería una pieza clave en el esquema de pagos y gestiones ilegales.
El gobierno estadounidense fue contundente en sus mensajes. Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino, advirtió que la corrupción transnacional es un asunto prioritario para Washington. “El soborno a funcionarios para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal”, señaló. Su mensaje fue claro: Estados Unidos no tolerará que su territorio sea plataforma para operaciones ilegales dirigidas a funcionarios extranjeros.
Desde el FBI, la postura fue igual de firme. Douglas Williams, agente especial a cargo en Houston, aseguró que Rovirosa creyó erróneamente que vivir en Texas lo blindaba de las consecuencias. “Su plan no sólo le costó un lujoso estilo de vida, sino también su libertad”, afirmó.
Jeffrey D. Pittano, de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, reforzó la gravedad del caso: la condena es un recordatorio de que Estados Unidos perseguirá y castigará actos de corrupción incluso cuando involucran a funcionarios de otros gobiernos, incluyendo México.
Lo que deja este caso es más que un expediente judicial. Se suma a una larga lista de episodios donde la corrupción en torno a Pemex trasciende fronteras, involucra redes privadas y exhibe la fragilidad institucional que permite que funcionarios acepten sobornos a cambio de contratos. Faltará ver cuál será la sentencia final para Rovirosa y si las autoridades estadounidenses logran detener a Ávila Lizárraga. Por lo pronto, el mensaje quedó escrito con firmeza: la corrupción, incluso cuando parece funcionar en silencio, ya no queda impune tan fácilmente.
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