Por Juan Pablo Ojeda
En conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, explicó que el gobierno federal no puede aceptar la exigencia de los productores de elevar el precio de la tonelada de maíz a 7 mil 200 pesos. Recordó que hace apenas unos años el pago era de 4 mil 200 pesos y que hoy supera los 6 mil, pero un aumento adicional impactaría directamente en el costo de la tortilla, un alimento básico para millones de familias.
Berdegué afirmó que no se está “dando atole con el dedo” a los campesinos, pues se han impulsado apoyos en otros productos como la leche, cuyo precio preferencial de 7.50 pesos por litro beneficia tanto a productores como a consumidores. Destacó además que el fertilizante gratuito representa una inversión anual de 17 mil millones de pesos, con efectos reales en la producción y en la economía rural.
El funcionario reiteró que los 7 mil 200 pesos sólo pueden otorgarse a un sector muy delimitado de productores: aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Argumentó que la decisión responde a criterios de justicia social y no únicamente de mercado, ya que un subsidio generalizado tendría repercusiones severas para los consumidores.
“Hay muchos pendientes, y soy el primero en reconocerlo”, dijo Berdegué, señalando que la presidenta Sheinbaum suele recordarle estas deudas durante sus recorridos por comunidades rurales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intervino para subrayar que los megabloqueos convocados por algunos grupos tienen motivaciones políticas. Advirtió que estas acciones ponen en riesgo la integridad de la población, en especial de quienes requieren movilidad urgente, como personas trasladadas en ambulancias.
Rodríguez recordó que el gobierno ha ofrecido diálogo, mesas de trabajo y soluciones concretas, por lo que cuestionó la negativa de ciertos líderes a sentarse nuevamente a negociar. “No se puede atender desde el bloqueo. Aquí está la mesa”, insistió.
Afirmó que preocupa el impacto que estas protestas generan, especialmente para quienes quedan varados en carreteras o enfrentan retrasos en servicios esenciales. Por ello, reiteró que la Segob propuso mesas de diálogo a distintas horas y que el gobierno permanece “presente, escuchando y dispuesto”.
El conflicto surge en un contexto donde productores agrícolas exigen un aumento al precio de compra del maíz, mientras el gobierno federal sostiene que los apoyos existentes y el equilibrio económico entre productores y consumidores deben mantenerse sin poner en riesgo la estabilidad de los alimentos básicos.
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