Por Bruno Cortés
La política mexicana volvió a encenderse, y esta vez con un tema que mezcla poder, justicia y presuntos vínculos con el crimen organizado. María Elena Pérez-Jaén Zermeño, excomisionada del INAI y ahora como ciudadana, presentó una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados contra el senador Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco.
La denuncia señala que durante su gestión como gobernador (2019-2021) habría permitido actos u omisiones que beneficiaron al crimen organizado. El punto más delicado es el señalamiento de que su entonces secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tenía presuntos nexos con “La Barredora”, un grupo criminal. Bermúdez, hoy detenido, ocupó ese cargo hasta principios de 2024.
Lo que pide Pérez-Jaén no es menor: sanciones de destitución, inhabilitación por hasta 20 años e incluso la apertura de procesos penales. Entre los posibles delitos mencionados están tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, todos ligados al mal uso del poder público para obtener beneficios indebidos o proteger a personajes ligados al crimen.
En palabras sencillas, lo que está en juego es si un político de alto nivel, que incluso fue secretario de Gobernación federal, usó su cargo para tapar o beneficiar a funcionarios con ligas criminales. El juicio político no es un proceso penal directo, sino un mecanismo del Congreso para determinar si un funcionario incumplió gravemente sus responsabilidades y, de ser así, destituirlo o inhabilitarlo.
Pérez-Jaén dijo que en tres días ratificará su demanda y que confía en que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la tome en serio. Con ello, San Lázaro tendría que decidir si procede o no llevar a Adán Augusto a un proceso que, de aprobarse, sería histórico por las implicaciones políticas y de seguridad.
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