El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco acusado de comandar el grupo delictivo conocido como La Barredora, sigue generando controversia nacional. En los testimonios de testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR) ha aparecido el nombre de José Ramiro López Obrador —“Pepín” para muchos— hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como uno de los personajes supuestamente cercanos a Bermúdez. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de que esté directamente implicado, su aparición no ha pasado desapercibida.
José Ramiro, actual secretario de Gobierno de Tabasco, ha salido públicamente a tomar distancia de las acusaciones. Ha rechazado que este caso sea equiparable al de Genaro García Luna —quien fue condenado en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico—, asegurando que “no somos iguales” porque aquí hay investigaciones ya en curso desde territorio mexicano.
Según versiones periodísticas, la lista de las personas vinculadas al caso de Bermúdez incluye nombres de políticos, empresarios, notarios, y servidores públicos de diverso nivel. Se habla de testimonios que apuntan también a lazos económicos, sobornos, extorsión y otras conductas graves. Sin embargo, José Ramiro se ha limitado a decir que todo debe aclararse mediante el debido proceso y recordó que es la FGR la que tiene la competencia de investigar.
El punto clave que ha generado debate es: ¿hasta dónde deben pesar los vínculos políticos si solo hay acusaciones y rumores? Peña Nieto, Felipe Calderón, García Luna… todos ya están en los referentes que la gente usa para comparar, pero José Ramiro insiste en distinguir este caso por la “investigación en curso” y por presuntos lapsos en los que se detectó actividad criminal.
Del lado institucional, se han confirmado órdenes de aprehensión contra Bermúdez desde principios de 2025, y reportes de inteligencia militar (y filtraciones como las del grupo Guacamaya) sugieren que desde al menos 2022 se habrían detectado operaciones delictivas vinculadas a La Barredora.
Durante sus intervenciones públicas, José Ramiro ha pedido paciencia, que se respeten las indagatorias y que no se adelanten conclusiones hasta que la FGR presente evidencias concretas. Ha evitado afirmar que conoce detalles del expediente, pero ha dicho estar disponible para cooperar y aclarar lo que se tenga que aclarar.
El asunto sigue en desarrollo, y lo que viene ahora será clave: si la FGR logra apuntalar su caso con pruebas fuertes, si las autoridades federales o estatales deslindan responsabilidades reales, o si todo se queda en acusaciones mediáticas. En Tabasco y en todo el país, la ciudadanía observa con atención, porque está en juego no solo la justicia para las víctimas del crimen organizado, sino la credibilidad en los servidores públicos.
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