La reducción de la pobreza en México no ha sido suficiente, y según el Inegi, los programas sociales actuales no logran llegar de manera efectiva a quienes más lo necesitan. Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del organismo, advirtió que la disminución de la pobreza extrema de 9.1 millones en 2022 a 7 millones en 2024 se debe más al aumento de ingresos que a las transferencias de programas sociales.
En una reunión con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, Maldonado destacó que seis de cada 10 personas en pobreza extrema viven en hogares que no reciben ningún apoyo gubernamental. Esto refleja que los programas universales muchas veces no llegan a los más vulnerables, mientras que quienes tienen ingresos mayores sí se benefician de ellos.
“Se necesitan intervenciones más focalizadas, o lo que llamamos ‘tiros de precisión’, para que la política social llegue realmente a quienes enfrentan tres o más carencias: vivienda, salud, educación, seguridad social y acceso a servicios básicos”, explicó la funcionaria.
El Inegi presentó también las cifras de la pobreza multidimensional 2024, que reflejan claroscuros en el país: 38.5 millones de personas viven con al menos una carencia; 31.5 millones están en pobreza moderada y 7 millones en pobreza extrema. Sin las transferencias de programas sociales, habría 32.8 millones en pobreza. Los estados más afectados son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Entre los retrocesos más preocupantes, Maldonado señaló que el acceso a la seguridad social y a servicios de salud ha empeorado respecto a 2016: 98% de quienes carecen de seguridad social, 75% sin acceso a servicios de salud y 60% con carencias en vivienda básica. Además, la pobreza infantil sigue en aumento: 38.7% de los niños y adolescentes viven en pobreza multidimensional, con mayores desventajas en el sureste del país.
La especialista insistió en que la pobreza debe abordarse como una violación de derechos humanos y no solo como un indicador económico. “Necesitamos políticas interseccionales y focalizadas para que nadie quede atrás, sobre todo los niños, adolescentes y familias en situación extrema”, concluyó.
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