A 11 años de la noche de Iguala, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue sin resolverse. Las familias han visto pasar a tres presidentes —Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum— sin que los responsables reciban sentencia, mientras las investigaciones permanecen estancadas.
Desde el gobierno de Peña Nieto se presentó la versión oficial de que los jóvenes fueron entregados a Guerreros Unidos y luego asesinados e incinerados, conocida como la “verdad histórica”. Esta hipótesis fue desestimada por organismos internacionales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentó tortura sistemática, negligencia de las autoridades y manipulación de información.
Durante la administración de López Obrador hubo avances parciales, pero se toparon con el muro del Ejército, que no permitió acceso completo a 800 folios clave del caso. Las familias denunciaron que esta limitación sigue bajo la actual administración, lo que impide profundizar en los hechos y avanzar hacia la justicia.
Uno de los puntos más esperados por los padres y madres es el análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos, que podría aportar información sobre sus últimos movimientos. Aunque se anunció la creación de un nuevo equipo técnico para reanalizar los datos, los resultados concretos aún no se han entregado, aumentando la frustración de las familias.
Otra línea pendiente es la barandilla de Iguala, donde siete estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Hasta ahora no se ha esclarecido qué ocurrió con ellos, y varios responsables, como José Ulises Bernabé García, se encuentran fuera del país, dificultando su captura y enjuiciamiento.
La situación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, también sigue en trámite de extradición. Los padres denuncian que ningún involucrado en la desaparición de los 43 ha recibido sentencia, mientras algunos responsables han sido procesados por otros delitos, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
El desgaste físico y emocional de las familias es evidente. Seis padres han fallecido en estos años, otros enfrentan enfermedades graves y muchos siguen luchando por mantener la presión sobre las autoridades. Cada reunión con los presidentes genera expectativas que, con el tiempo, se ven frustradas ante la falta de resultados tangibles.
El caso de Ayotzinapa se ha convertido en un referente nacional e internacional sobre desapariciones forzadas y la lucha por la verdad. Las familias buscan que los responsables rindan cuentas y que las investigaciones, detenidas por años, finalmente puedan avanzar con transparencia y justicia.
Para los padres y madres, la desaparición de los 43 estudiantes no solo es un crimen que sigue impune, sino también un símbolo de la impunidad y la complicidad institucional que persiste en México. Cada año que pasa recuerda que la búsqueda de justicia aún no termina y que la sociedad mantiene viva la exigencia de verdad.
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