En el Estado de México, la inseguridad no es un tema menor: tres de cada cuatro personas la señalan como su principal preocupación y casi la mitad de los hogares ha sido víctima de un delito. Frente a ese panorama, el PRI en el Congreso mexiquense decidió mover ficha. Bajo el liderazgo de Elías Rescala, coordinador de la bancada tricolor, presentó un paquete de 15 iniciativas legislativas con el objetivo de cambiar el rumbo de la seguridad y reducir la impunidad.
Rescala expuso que cada propuesta busca ser un eslabón dentro de un modelo integral: “avanzar hacia un nuevo modelo capaz de abatir la cifra negra para combatir la impunidad, para recuperar la seguridad desde lo local”, dijo.
Lo que plantean estas medidas es ambicioso: facultar a las policías municipales para recibir denuncias e investigar delitos bajo la coordinación del Ministerio Público; fortalecer el presupuesto de la Fiscalía General de Justicia del Estado; dignificar los salarios y prestaciones de los cuerpos policiales; crear una fiscalía especializada contra el “cobro de piso”; establecer unidades de atención contra violencia de género en municipios; blindar protocolos para búsqueda de personas desaparecidas; impulsar justicia cívica; y crear un instituto de servicios periciales gratuito e independiente.
Estas propuestas también pretenden fortalecer la rendición de cuentas: proponen estructurar un fideicomiso con criterios transparentes para financiar proyectos en seguridad, y regular la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz incluyendo la participación de partidos políticos, para democratizar la toma de decisiones.
En las declaraciones públicas Rescala no lo oculta: este modelo busca pasar “de la desconfianza a la seguridad, de la impunidad a la justicia y del miedo a la paz”.
Algunos retos saltan a la vista. Revertir el fenómeno de la cifra negra, donde más del 90 % de los delitos no se denuncian ni investigan, será complejo si no hay confianza ciudadana ni eficacia institucional.
Además, la iniciativa enfrenta presión política: diputados de otros partidos han señalado que el PRI ha tenido décadas para materializar propuestas en seguridad y que ahora llega con 15 iniciativas.
Pero más allá del ruido político, lo que sigue es el examen práctico: ¿se aprobarán estas reformas? ¿Tendrán presupuesto real? ¿Se implementarán con coordinación estatal-municipal? Si la mayoría del Congreso local avala estas medidas, el Estado de México podría comenzar una transformación real en materia de seguridad. De lo contrario, las promesas quedarán como discursos más, sin impacto tangible para las y los mexiquenses.
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