Por Juan Pablo Ojeda
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron recientemente sanciones contra individuos y empresas en Playas de Rosarito, Baja California, señalados por presunta corrupción política, lavado de dinero y protección de actividades criminales vinculadas a la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
Entre los principales involucrados destacan los hermanos Alfonso y René Arzate García, apodados “El Aquiles” y “La Rana”, identificados por autoridades mexicanas y estadounidenses como operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada, coordinando las operaciones delictivas de Los Mayos en las costas del Pacífico. Durante más de una década han controlado Tijuana, Rosarito y Tecate, gestionando rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California.
La DEA y la FGR reportan que los Arzate García mantienen su influencia a través de un aparato armado y una red financiera que blanquea recursos millonarios mediante negocios aparentemente legales. Ambos enfrentan procesos judiciales en cortes federales de Estados Unidos y figuran en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense, mientras que sus nombres se vinculan con enfrentamientos violentos y el cobro de piso en Rosarito.
El caso no solo tiene dimensión criminal, sino también política. Durante la administración municipal de Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, operadores del cártel como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre habrían consolidado su influencia en el gobierno local. Informes periodísticos señalan que estos intermediarios facilitaron pagos de extorsión y protección a las operaciones del cártel durante la gestión de Brown, aunque ella no ha sido procesada formalmente en México.
Brown Figueredo, originaria de Rosarito y licenciada en Ciencias de la Educación, fue regidora entre 2010 y 2013, diputada local en la XXII Legislatura de Baja California y en 2019 se convirtió en la primera mujer en gobernar Rosarito por Morena. En 2021 asumió una diputación federal, integrando comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos fronterizos, aunque sus opositores la señalan por supuestos vínculos con operadores financieros de los Arzate.
Las sanciones emitidas bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224 de EE.UU. buscan desmantelar la red financiera que permite al Cártel de Sinaloa sostener sus operaciones en Baja California, afectando a empresarios y exfuncionarios locales vinculados con la facción de “La Mayiza”. Estas medidas reflejan el alcance del “narcoterrorismo” en la región y su conexión con estructuras políticas locales.
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