Por Juan Pablo Ojeda
La explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025, continúa dejando secuelas trágicas en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la capital confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a 20, siendo la más reciente Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien falleció en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.
Hasta este miércoles 17 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México reporta que 31 personas permanecen hospitalizadas y otras 33 ya fueron dadas de alta, mientras las autoridades mantienen seguimiento cercano a los afectados. La tragedia sigue generando consternación y exige medidas más estrictas para el transporte de sustancias peligrosas en la capital.
De acuerdo con el primer peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la pipa de la compañía Silza, que provocó la volcadura del vehículo y la posterior explosión. Los peritos precisaron que el conductor circulaba a 50 kilómetros por hora, cuando el límite permitido era de 40 km/h, y que perdió el control del tractocamión en una glorieta, sin que hubiera condiciones externas adversas que provocaran el accidente.
El informe añade que el manejo del vehículo se realizó “sin la suficiente capacidad técnica, ya que no mantuvo el control direccional ni su carril de circulación correspondiente”. Además, el pavimento en la zona del siniestro estaba seco y libre de obstáculos como baches o topes, por lo que la explosión se produjo únicamente por la pérdida de control del conductor.
Las investigaciones continúan, mientras la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGJ CDMX analiza responsabilidades y evalúa si hubo omisiones en el protocolo de seguridad de la empresa transportista. La tragedia ha puesto de relieve la importancia de fortalecer las medidas de seguridad y regulación en el transporte de gas para prevenir accidentes similares en el futuro.
Autoridades locales y federales han reforzado la atención a los afectados, asegurando que se brinde apoyo médico, psicológico y legal a las familias de las víctimas y sobrevivientes. Además, se hace un llamado a la ciudadanía para mantener la precaución en la vía pública y atender las recomendaciones de Protección Civil ante el transporte de materiales peligrosos.
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