El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reformar el artículo 253 del Código Penal local, iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, con el fin de incrementar las sanciones para quienes integren asociaciones delictuosas. La medida busca prevenir actos que vulneren la vida, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, informó el Legislativo capitalino.
Durante la presentación del dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó que el fortalecimiento de estas sanciones responde a la necesidad de implementar acciones más firmes ante los riesgos que representa la delincuencia organizada para la población.
Martínez Urincho explicó que este delito cobra relevancia debido a que, según información presentada ante el pleno, al menos el 10% de las personas detenidas en la capital ha sido vinculada con algún grupo o banda dedicada a la comisión de ilícitos, lo que refleja la persistencia de estructuras criminales activas en la ciudad.
El legislador destacó que la reforma atiende una preocupación social creciente, ya que la operación de bandas de tres o más personas incrementa la magnitud del peligro y genera un ambiente de inseguridad permanente en diversas zonas de la capital.
Al razonar su voto, la diputada Diana Barragán Sánchez (PT) afirmó que el ajuste legal permitirá atacar de manera más eficaz a las organizaciones que dañan el tejido social. Subrayó que la modificación amplía las agravantes para quienes participan directamente o ejercen funciones de organización, administración o supervisión dentro de estas agrupaciones criminales.
Por su parte, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) consideró que la reforma constituye una respuesta firme y proporcional del Estado frente al crecimiento del crimen organizado. Aseguró que la actualización normativa es indispensable para evitar que la violencia y el miedo sigan siendo utilizados como herramientas de control social, al señalar que “la justicia no será rehén de la impunidad”.
La congresista Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) agregó que el fortalecimiento de las penas busca frenar la operación de pequeños grupos que generan daños constantes en colonias y familias. Enfatizó que la reforma cierra el paso a quienes sostienen o dirigen estas asociaciones, con sanciones más severas para quienes ocupan posiciones de liderazgo.
El dictamen aprobado reforma los dos primeros párrafos y adiciona un tercero al artículo 253 del Código Penal local. Con ello, se establecen penas de cinco a diez años de prisión y multas de 200 a 2,000 UMA para quienes formen parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir. Asimismo, se imponen penas de diez a quince años de prisión y multas de 1,000 a 7,000 UMA cuando integrantes de dichas bandas cometan delitos como robo, extorsión u homicidio, entre otros, sin perjuicio de las sanciones específicas aplicables.
Las autoridades capitalinas señalaron que este fortalecimiento legal se alinea con el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y del Congreso local de reforzar la seguridad colectiva, prevenir la expansión de grupos delictivos y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.
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