Por Juan Pablo Ojeda
En un acto realizado en el Museo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, presentó oficialmente un ambicioso plan de 14 acciones para combatir la gentrificación en la capital, un fenómeno que ha generado tensiones sociales y desplazamiento de residentes en colonias emblemáticas como Condesa, Roma y Juárez. Estas medidas buscan garantizar el derecho a una ciudad habitable, asequible y con identidad, fortaleciendo el arraigo comunitario y protegiendo a los habitantes de los efectos del encarecimiento de viviendas y servicios.
Las recientes protestas en estas colonias, marcadas por el aumento de rentas y la llegada masiva de extranjeros —especialmente «nómadas digitales» y turistas— han puesto en el centro del debate la transformación de barrios tradicionales. Carteles con mensajes como “Gringo go home” y “Vivienda para vivir, no para invertir” reflejaron el descontento de los chilangos ante la pérdida de su tejido social y el alza de precios, que en algunos casos ha incrementado las rentas hasta un 33% desde 2020.
Durante el evento titulado “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, Brugada detalló que las 14 líneas de acción están diseñadas para mitigar el desplazamiento de residentes y preservar la vitalidad de los barrios. Entre las medidas destacan:Control de rentas: Propuesta para que el aumento de los alquileres no supere los niveles de inflación, evitando incrementos desmedidos.
Regulación de plataformas de hospedaje: Normas más estrictas para plataformas como Airbnb, que han contribuido al encarecimiento de viviendas al priorizar rentas de corta estancia.
Defensoría de inquilinos: Creación de una instancia para proteger los derechos de los arrendatarios frente a desalojos injustificados y abusos.
Vivienda pública asequible: Construcción de 20,000 nuevas unidades de alquiler asequible durante su sexenio, con rentas desde 3,000 pesos mensuales para quienes ganan el salario mínimo, y hasta 7,500 pesos para quienes perciben tres veces ese ingreso.
Rehabilitación de inmuebles históricos: Más de 200 edificios en zonas como Roma y Condesa serán recuperados para ofrecer vivienda accesible a bajo costo, como los proyectos en Durango 119 y Córdoba 112, que beneficiaron a 196 personas, incluyendo comunidades indígenas.
Fondo de suelo público: Ampliación de la reserva de terrenos públicos en 10,000 metros cuadrados adicionales para desarrollar proyectos de vivienda social en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Apoyo a grupos vulnerables: Prioridad en las viviendas para jóvenes, adultos mayores, madres solteras y familias de bajos ingresos, con mensualidades accesibles y créditos blandos.
Sistemas de cuidado: Incorporación de guarderías, centros educativos y lavanderías en los nuevos complejos habitacionales para fortalecer la vida comunitaria.
Índice de costos de vivienda: Creación de un sistema para monitorear y regular los precios de alquiler en las zonas más afectadas.
Fortalecimiento del arraigo comunitario: Alianzas con colectivos vecinales, como el Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal, para defender la identidad de los barrios.
Incentivos fiscales: Beneficios para propietarios que ofrezcan rentas a largo plazo en lugar de rentas turísticas.
Regularización de plataformas digitales: Mayor supervisión de las plataformas de hospedaje para limitar su impacto en el mercado de vivienda local.
Asambleas comunitarias: Espacios de diálogo con las comunidades afectadas para diseñar políticas públicas participativas.
Justicia territorial: Promoción de un modelo de ciudad inclusiva que evite la creación de zonas exclusivas y fomente la integración social.
Brugada enfatizó que “la Ciudad de México no está de acuerdo con la gentrificación, un fenómeno que excluye a la población de sus barrios y comunidades”. Su plan, con una inversión inicial de más de 600 millones de pesos, busca atender al menos la mitad del déficit de vivienda en renta durante su administración. La jefa de gobierno también condenó los episodios de violencia durante las protestas del 4 de julio, como el vandalismo a negocios y la quema de una efigie, pero reconoció la legitimidad de las demandas ciudadanas, subrayando que su gobierno no tolerará expresiones xenófobas.
“Queremos que Roma, Condesa y Juárez sigan siendo barrios de todos, no zonas exclusivas para unos pocos. Garantizar el derecho a la vivienda digna es nuestra prioridad”, afirmó Brugada, quien destacó la importancia de trabajar con las comunidades para construir una ciudad solidaria y transformadora.
El anuncio ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos colectivos aplauden las medidas como un paso hacia la justicia territorial, otros advierten que regular grandes plataformas digitales como Airbnb será un desafío frente a intereses corporativos. Además, con la llegada del Mundial 2026, activistas temen que el turismo masivo agrave la crisis si no se implementan controles más estrictos.
Con estas acciones, Clara Brugada busca posicionar a la CDMX como un referente en la lucha contra la gentrificación, priorizando a los chilangos y su derecho a permanecer en sus comunidades. La implementación de estas medidas será clave para determinar si la capital logra recuperar su carácter inclusivo o si las tensiones sociales persisten.
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