Por Bruno Cortés
La Cámara de Diputados entra en una semana clave. Por un lado, la bancada de Morena prepara una iniciativa para “actualizar” la Ley Orgánica del Congreso, con cambios en la forma de recibir el Informe presidencial y en las reglas para sustituir al titular del Ejecutivo en caso de ausencia. Por el otro, desde hoy se desarrollan audiencias públicas en San Lázaro para procesar la iniciativa de Ley General de Aguas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de presiones de organizaciones campesinas e inconformidad de la oposición.
Morena adelantó que presentará en San Lázaro una reforma integral a la Ley Orgánica del Congreso, al considerar que el texto vigente —emitido en 1999— se quedó “desfasado” frente a los cambios constitucionales y políticos de las últimas décadas. El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar explicó que la propuesta incluye diez ejes para armonizar la ley con la Constitución y “sacarla del rezago” institucional.
Uno de los puntos centrales es la actualización de las reglas sobre el Informe presidencial. La Ley Orgánica aún prevé que el presidente acuda al Congreso a entregar el documento y que los grupos parlamentarios fijen postura antes de su arribo, mientras que la Constitución establece desde 2008 que el informe se presenta por escrito y es entregado por el titular de Gobernación. El proyecto de Morena busca cerrar esa brecha y dejar atrás la redacción heredada del viejo presidencialismo.
Otro cambio de fondo se refiere al mecanismo para la sustitución del presidente de la República. El artículo 9 de la Ley Orgánica sigue remitiendo a una fórmula ya rebasada por las reformas al artículo 84 constitucional, que modificaron el procedimiento para nombrar un presidente interino o sustituto y definieron su relación con procesos como la revocación de mandato. La bancada guinda plantea ordenar esas referencias y actualizar la ruta legislativa ante una falta absoluta del Ejecutivo.
El borrador también incorpora temas que Morena presenta como “modernización” del Congreso: inclusión de la igualdad sustantiva y la no discriminación como principios rectores; incorporación del parlamento abierto como práctica permanente; y uso de herramientas tecnológicas que permitan sesionar y dictaminar en contingencias como pandemias o desastres naturales, sin eliminar la presencia física de las y los legisladores en el trabajo sustantivo.
En el terreno administrativo, la iniciativa prevé crear un servicio civil parlamentario que profesionalice la asesoría técnica, los centros de estudio y los institutos de investigación legislativa. La idea es configurar un “tanque de pensamiento” que dé soporte a comisiones y órganos de gobierno, y fortalecer las capacidades de control de la Cámara y de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Ejecutivo y el gasto público. Morena también promete blindar los derechos de las minorías y ordenar la ley en títulos claros que abarquen toda la actividad parlamentaria.
En paralelo a esa reforma interna, la Cámara de Diputados tiene esta semana en su agenda las audiencias públicas de la iniciativa de Ley General de Aguas y de cambios a la Ley de Aguas Nacionales, enviadas por la presidenta Sheinbaum. La Comisión de Recursos Hidráulicos decidió reconducir el proceso y concentrar los foros en San Lázaro, después de posponerlos unos días por los bloqueos de la CNTE al Palacio Legislativo.
Las audiencias se desarrollan de martes a viernes, con cuatro ejes temáticos: régimen de concesiones y usos del agua; sistemas públicos y comunitarios de agua potable y saneamiento; agua en el medio rural, ejidos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos; y, finalmente, el derecho humano al agua y su vínculo con otros derechos como alimentación, salud y medio ambiente sano. Podrán participar especialistas, académicos, organismos operadores, ejidos, organizaciones sociales y pueblos originarios, vía presencial y a distancia.
El oficialismo presenta este ejercicio como muestra de apertura, pero llega bajo presión. Organizaciones campesinas han convocado a un paro nacional y al cierre de carreteras y aduanas el 24 de noviembre, en rechazo a lo que consideran una aprobación “acelerada” de la nueva ley y a disposiciones que, a su juicio, limitarían la transmisión de concesiones y devaluarían sus tierras. Mientras Morena insiste en que la reforma devolverá el agua a la nación y ordenará el sistema de concesiones, PRI y otros partidos demandan más tiempo de análisis y un parlamento abierto “real” antes de dictaminar.
Así, la Cámara de Diputados arranca una semana en la que se cruzan dos debates estratégicos para el proyecto de la 4T: la reconfiguración de las reglas del propio Congreso y la redacción de una nueva Ley General de Aguas. En ambos frentes, Morena busca mantener la iniciativa política y procesar sus reformas con la bandera del parlamento abierto, mientras la oposición y los movimientos sociales miden fuerzas para tratar de frenar o matizar los cambios constitucionales y legales en curso.
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