En el corazón de la XXI Zona Militar, con sede en la capital michoacana, un primer convoy de 300 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegó a las 10 de la mañana de este 11 de noviembre de 2025. El general Juan Bravo Velázquez, comandante de la zona, confirmó a reporteros que la Secretaría de la Defensa Nacional enviará un total de 1,980 soldados adicionales al estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este movimiento responde a la ola de violencia que azota la entidad, con el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan el 1 de noviembre como punto de quiebre, en una zona donde los cárteles disputan el control de rutas y cultivos como el aguacate.
El despliegue forma parte del esquema integral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo anterior en Palacio Nacional, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Bajo el nombre interno de Plan de Operaciones Paricutín, busca sellar el estado con patrullajes, inteligencia y protección a comunidades, sin descuidar el respeto a los derechos humanos. Ya se suman 1,930 efectivos en el terreno, incluyendo 180 de Fuerzas Especiales, respaldados por cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para vigilancia aérea en regiones como la Tierra Caliente y la costa.
En total, el plan contempla 10,506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, más 1,781 de la Secretaría de Marina, para un aproximado de 12,287 efectivos federales. Estos se concentran en puntos calientes como Uruapan, Apatzingán y Pátzcuaro, con vehículos blindados y drones que recorren caminos polvorientos entre huertos y siembras. Bravo Velázquez detalló que las operaciones priorizan la detención de generadores de violencia y el combate a la extorsión, que afecta hasta el 20 por ciento de los ingresos de productores agrícolas en la región.
La inversión detrás de estas botas en el suelo alcanza los 57 mil 460 millones de pesos federales para 2025 y 2026, más 2 mil 700 millones del estado, reasignados del Presupuesto de Egresos de la Federación bajo la austeridad republicana. Estos fondos no solo van a balas y patrullas, sino a los tres pilares del plan: seguridad y justicia, con fiscalías especializadas; desarrollo económico, para fomento de empleo juvenil y economía social; y educación y cultura, con becas para 200 mil jóvenes y escuelas seguras en barrios donde el reclutamiento por el crimen acecha como sombra temprana.
Desde el arranque, las acciones no han esperado: entre el 6 y el 9 de noviembre, antes del despliegue formal, se reportaron cinco detenciones en municipios como Buenavista y Huetamo, con el aseguramiento de 20 armas largas, tres granadas, un lanzagranadas, 5 mil 918 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y 52 kilos de explosivos. La Sedena atribuye estos golpes iniciales a la coordinación interinstitucional, que ahora se robustece con evaluaciones trimestrales para medir el pulso de la tranquilidad en calles y campos.
El gobernador Bedolla, en rueda de prensa matutina, llamó a la unidad entre federación y estado, diferenciando este esquema de planes pasados como los de Calderón o Peña Nieto, que dejó como lección que la fuerza sola no basta. «Aquí vamos con todo el paquete: justicia, desarrollo y paz», dijo, mientras legisladores de Morena en el Senado aplaudieron la iniciativa como modelo para pacificar el occidente. Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Defensa, programaron una visita a Uruapan y Morelia para el 13 de noviembre, para supervisar el avance en el mero centro del asunto.
Analistas en redes y columnas destacan el enfoque en control territorial, más allá de los números. En X, cuentas como @Defensamx publicaron fotos de los convoyes estacionados bajo el sol de Morelia, con efectivos revisando mapas en mesas improvisadas, mientras @lajornadaonline reportó el arribo de casi 2 mil efectivos como refuerzo al Operativo Paricutín. David Saucedo, experto en seguridad, señaló en El Universal que el plan podría generar un «efecto cucaracha», desplazando crimen a estados vecinos como el Edomex, donde ya se desplegaron 260 elementos en municipios limítrofes.
Para los michoacanos de a pie, esto significa más patrullas en accesos a huertos, donde el zumbido de drones reemplaza el silencio tenso de las extorsiones, y becas que abren puertas a talleres en lugar de a pandillas. Productores de aguacate, que generan 4 mil millones de dólares al año, esperan que el sello federal libere la zafra venidera de cuotas ilegales. El gobierno estatal alineó su Presupuesto Ciudadano 2025 con estos fondos, vigente hasta diciembre, y fuentes como gob.mx publican reportes semanales para que la gente siga el hilo.
El respaldo se extiende: gobernadores de Jalisco y Guerrero ven en este modelo un eco nacional, mientras en X usuarios como @GobMichoacan celebran la coordinación estrecha con el Gabinete de Seguridad federal. Caricaturistas y tuiteros opositores, en cambio, ironizan sobre si el despliegue llega a tiempo o solo pinta de verde las mismas grietas. Mientras la violencia de octubre, con más de 100 homicidios, deja eco en familias, el plan apuesta a que la paz no sea solo promesa, sino ruta pavimentada con acciones concretas.
Deja una respuesta