Por Juan Pablo Ojeda
A menos de un mes de la toma de posesión del presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031, la incertidumbre política en el país sudamericano sigue creciendo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el 13 de diciembre que no ha recibido una invitación formal para asistir a la ceremonia de investidura que se celebrará el próximo 10 de enero en Caracas, Venezuela.
Durante su conferencia de prensa matutina, conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum fue cuestionada sobre la ceremonia de toma de protesta, a la que asistirán líderes internacionales y diplomáticos. «¿Hay alguna invitación para usted o México a la toma de protesta en Venezuela?», le preguntaron. La respuesta de la presidenta fue clara: “Hasta donde entiendo no hemos recibido [la invitación]”.
Este comentario de la mandataria mexicana llega en un momento crítico, cuando Venezuela atraviesa una situación política cada vez más incierta. Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela y líder del chavismo, fue proclamado como ganador de las elecciones presidenciales del pasado julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, rechaza los resultados y reivindica su propia victoria. González Urrutia, exiliado en España desde septiembre, ha reiterado que regresará a Caracas en enero para jurar como presidente, pese a los riesgos de detención a su llegada.
Maduro, por su parte, ha afirmado en varias ocasiones que asistirá a la toma de posesión en la sede oficial de la Asamblea Nacional, tras recibir una invitación formal de la junta directiva del Legislativo. En contraste, González Urrutia y sus seguidores insisten en que la verdadera victoria corresponde a la oposición y exigen el reconocimiento internacional de los resultados. La tensión entre ambos bandos ha llevado a una polarización total en el país, con acusaciones mutuas de conspiración y golpes de Estado.
En medio de este panorama, los bloques políticos en Venezuela continúan apoyando a sus respectivos líderes. El chavismo, respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y otros organismos del Estado, defiende la legitimidad de Maduro, mientras que la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denuncia el fraude electoral y aboga por una transición pacífica en el país. La PUD ha pedido el apoyo de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, incluyendo la Corte Penal Internacional (CPI), para garantizar una resolución democrática del conflicto.
El conflicto electoral en Venezuela se mantiene sin resolverse, y aunque el CNE proclamó oficialmente a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, la falta de transparencia en la publicación de los resultados ha generado más dudas sobre la legalidad del proceso. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando los movimientos de ambos bandos en un escenario cargado de incertidumbre.
Deja una respuesta