Por Juan Pablo Ojeda
La revelación cimbró tanto al mundo empresarial como al del espectáculo: Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del 50% de Miss Universo, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por presunto tráfico de hidrocarburos, armas y vínculos con el crimen organizado. Lo más delicado: tras emitirse una orden de aprehensión en su contra, se incorporó al programa de testigos protegidos del propio gobierno federal.
La información, publicada por Carlos Loret de Mola y confirmada por el diario Reforma, detalla que la causa penal 495/2025 fue abierta el 15 de noviembre. Cuatro días después, Rocha Cantú recibió formalmente el estatus de testigo colaborador —una figura que otorga beneficios legales a cambio de entregar información clave sobre redes criminales—.
De acuerdo con la investigación, la red dirigida por el empresario habría operado un esquema sistemático de robo y tráfico de combustible desde Guatemala, procesado en centros logísticos ubicados en Querétaro. Una bodega llamada “La Espuela” recibía el combustible ilegal, mientras que en “El Patio” se mezclaba con aditivos para hacerlo pasar por producto regular. Empresas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA serían algunas de las receptoras del combustible, mientras que la facturación se hacía mediante compañías fachada.
El expediente también señala una estructura paralela de tráfico de armas. Empresas privadas de seguridad habrían sido utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, colaborando con exintegrantes de la Sedena. La firma SETER, por ejemplo, habría abastecido al Grupo Sombra en Veracruz y al Cártel del Golfo en Tamaulipas.
La cronología oficial indica que Rocha Cantú buscó incorporarse como testigo protegido desde el 21 de octubre, ofreciendo información relacionada con contrabando de combustible y redes financieras delictivas. El 18 de noviembre, una persona identificada como “La Fiscal”, presunta colaboradora de la red, fue detenida. El caso es considerado prioritario por la FGR y se encuentra bajo supervisión directa del gobierno federal.
Hasta ahora, ni Rocha Cantú ni Miss Universo han emitido pronunciamientos. Mientras tanto, el caso abre un capítulo nuevo —y polémico— sobre la colaboración de empresarios en esquemas de crimen organizado y el uso de testigos protegidos en investigaciones de alto impacto.
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