Por Juan Pablo Ojeda
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) cumplirá en su domicilio la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la justicia argentina le concediera este martes el beneficio de la prisión domiciliaria, invocando su edad y condiciones particulares.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, autorizó que la exmandataria, de 72 años, cumpla su pena en su casa del barrio de Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde hace días, su domicilio ha sido punto de concentración de simpatizantes kirchneristas, en un clima de alta tensión política y mediática.
La medida judicial, que se vuelve efectiva de inmediato, se produce tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 10 de junio dejó firme la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, derivada de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Fernández y de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.
El fallo impone a Fernández varias restricciones: no podrá salir de su domicilio, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados, y deberá abstenerse de alterar la convivencia vecinal. Además, se le colocará un dispositivo de vigilancia electrónica, pese a que su defensa había solicitado que no se le impusiera por razones de “dignidad” y bajo el argumento de que no existe riesgo de fuga.
En un plazo de 48 horas, la expresidenta deberá presentar ante la Justicia un registro detallado de su entorno familiar, abogados, médicos tratantes y personal de seguridad, quienes serán los únicos autorizados a ingresar a su vivienda sin orden judicial. El cumplimiento de las condiciones impuestas será monitoreado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá emitir informes trimestrales sobre su cumplimiento.
La Fiscalía argentina expresó su rechazo al otorgamiento de este beneficio. En un comunicado, sostuvo que “no se advierten razones humanitarias suficientes” para justificar la prisión domiciliaria, y recordó que la figura pública de Fernández y su rol político reciente no deberían interferir con el cumplimiento pleno de la condena.
Los abogados defensores argumentaron no solo la edad de Fernández, sino también el antecedente del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego en la cabeza frente a su domicilio. Este hecho, alegan, justifica condiciones especiales de custodia y resguardo.
Este nuevo capítulo en la historia judicial de la expresidenta genera un fuerte impacto en el escenario político argentino, donde persisten las divisiones entre sus seguidores —que la consideran víctima de una persecución judicial— y sus detractores, que exigen que cumpla su condena como cualquier ciudadano.
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