Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se vivió un momento clave para uno de los problemas que más lastiman al país: la extorsión. El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión no es solo otra reforma más, sino una respuesta integral del Estado para frenar un delito que ya no solo afecta la cartera, sino la vida diaria y la tranquilidad de millones.
Madrid Pérez contó que esta ley nace a partir de un mandato constitucional: la reforma al artículo 73 que se aprobó en octubre. Antes, cada estado tenía su propia definición del delito y sus propias reglas, lo que terminaba en un caos jurídico donde perseguir a los extorsionadores era complicado, lento y hasta frustrante para las víctimas. Con la nueva ley, se busca poner orden, unificar criterios y cerrar vacíos legales que durante años dejaron indefensas a pequeñas tiendas, comercios, transportistas y familias enteras.
El diputado fue directo sobre uno de los puntos más sensibles: el “cobro de piso”. Muchas autoridades locales, dijo, simplemente no pueden enfrentarse solas a grupos delictivos organizados que operan con más recursos y logística. Por eso, ahora las autoridades federales podrán investigar los casos que provengan de estructuras criminales grandes, lo que les da más fuerza y más dientes para intervenir. En otras palabras, el delito deja de ser solo un asunto local y se convierte en un problema nacional que se aborda con todo el peso del Estado.
La ley también reconoce algo que la gente vive todos los días: denunciar da miedo. Por eso, será un delito que se perseguirá de oficio, es decir, sin necesidad de que las víctimas tengan que exponerse. Además, obliga a las autoridades a protegerlas con medidas como ocultamiento de identidad, alojamiento temporal y resguardo físico cuando haya riesgo de agresiones. Y no se queda ahí: quien resulte culpable deberá cubrir la reparación integral del daño, algo que durante años ha sido casi imposible de garantizar.
Otro punto fuerte de la ley es el combate a la extorsión que se opera desde las cárceles. La reforma es clara: las personas sentenciadas por este delito no tendrán beneficios de preliberación y las prisiones deberán bloquear cualquier comunicación vía celular o radio dentro de los centros penitenciarios. Blindar las cárceles se vuelve no solo un acto de control interno, sino un compromiso ético para evitar que las víctimas sigan siendo presionadas desde adentro.
Madrid Pérez también reconoció que la ley corrige confusiones importantes, como la del artículo 17: la agravante aplica para el uso de servicios de telefonía y telecomunicaciones, no para medios de comunicación masivos. Esto evita malentendidos y protege la libertad de prensa.
La visión detrás de esta iniciativa, dijo, se alinea con el compromiso del gobierno federal —y particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum— de construir paz y proteger a las víctimas. Por eso, la ley obliga a los tres órdenes de gobierno a crear una Estrategia Nacional contra la Extorsión, basada en diagnósticos reales y no en ocurrencias, para reducir riesgos y atacar las causas del problema.
Para el diputado, esta ley no es el final, pero sí un paso firme para recuperar la paz en las comunidades. Un marco jurídico más claro, instituciones coordinadas y víctimas mejor protegidas son, según él, la base para empezar a desmantelar un delito que por años se mantuvo prácticamente intocable.
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