Por Juan Pablo Ojeda
En un paso relevante en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con víctimas y activistas estadounidenses encabezados por John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto “Stop US Arms to Mexico”, una iniciativa que busca frenar el flujo de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
El encuentro, realizado esta semana, se centró en la creciente preocupación sobre cómo este fenómeno impacta la seguridad y salud pública de ambos países. De la Fuente reiteró que el combate al tráfico ilegal de armas es una prioridad del Gobierno de México, y expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia armada, tanto mexicanas como estadounidenses.
“Este fenómeno cobra vidas a ambos lados de la frontera”, enfatizó el canciller, al destacar la importancia de una cooperación bilateral efectiva y una mayor concientización social y política en torno a esta problemática.
Cifras que alertan sobre la violencia armada
Durante la reunión, los activistas compartieron datos alarmantes: más de 45 mil personas mueren anualmente por armas de fuego en EE.UU., y desde la masacre de Sandy Hook en 2012, se han registrado más de 1.3 millones de personas heridas por este tipo de violencia.
También advirtieron que una gran parte de las armas utilizadas en crímenes en México tienen su origen en el mercado estadounidense, subrayando la necesidad urgente de actuar desde ambos lados de la frontera para frenar su circulación.
Demandas legales, un paso clave en la estrategia mexicana
Los representantes de “Stop US Arms to Mexico” reconocieron como un avance sustantivo las demandas legales interpuestas por México contra fabricantes y vendedores de armas ante tribunales de Boston y Tucson, destacando que estos litigios han alcanzado incluso a la Suprema Corte de Estados Unidos.
Consideraron que estos procesos representan un precedente jurídico inédito, al desafiar la inmunidad histórica de la industria armamentista y abrir la puerta a un mayor control sobre su responsabilidad en la violencia internacional.
Visión integral contra la violencia
Ambas partes coincidieron en la necesidad de aplicar un enfoque integral para combatir la violencia armada, que combine acciones de seguridad pública, salud mental y prevención comunitaria. Detener el tráfico ilegal de armas, señalaron, es un paso esencial para debilitar al crimen organizado en México y reducir las muertes violentas en ambos países.
En la reunión participaron también altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores: el consultor jurídico Pablo Arrocha Olabuenaga, el consultor jurídico adjunto Miguel Ángel Reyes Moncayo y la directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades, Fadia Ibrahim Nader.
Finalmente, se acordó mantener un diálogo bilateral permanente, con el objetivo de construir soluciones compartidas que protejan a las comunidades a ambos lados de la frontera del flagelo de la violencia armada.
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