Por Bruno Cortés
En un país donde ser migrante sin papeles suele equivaler a vivir con miedo, la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, de Morena, quiere cambiar las reglas del juego. No se trata de abrir fronteras ni de regalar nacionalidades, sino de algo mucho más básico: que las personas extranjeras en situación migratoria irregular puedan tener un documento de identidad oficial, sin que eso signifique arriesgarse a ser deportadas o perseguidas.
Así, a través de una iniciativa que busca reformar los artículos 87 y 91 de la Ley General de Población, la legisladora plantea que estas personas puedan inscribirse en el Registro Nacional de Población y recibir un documento que sirva como identificación dentro del país. Suena simple, pero en la práctica sería un cambio profundo: implica reconocer legalmente a quienes, hasta ahora, el Estado apenas ve —y si los ve, es para detenerlos.
La propuesta fue turnada ya a la Comisión de Gobernación y Población, y también a la Comisión de Asuntos Migratorios, para que le den su respectiva revisada. Pero más allá del trámite legislativo, lo interesante es el trasfondo humano y político. Roselia Suárez explica que esta reforma busca garantizar el derecho a la identidad, establecer un puente legal entre el Estado y los migrantes, y proteger sus derechos más básicos: salud, educación, vivienda, y sí, también seguridad jurídica.
Hoy por hoy, quienes viven en México de forma irregular están expuestos a discriminación, abuso, explotación y violencia, sin posibilidad de levantar la voz. No tienen cómo identificarse, cómo probar quiénes son, ni cómo acceder a servicios básicos. Y para el Estado, ese anonimato forzado tampoco es funcional: no hay forma de saber cuántos migrantes hay, de dónde vienen, qué necesidades tienen o cuánto tiempo se quedarán.
La diputada cita cifras duras: de enero a agosto de 2024, hubo más de 925 mil eventos migratorios irregulares en México. De todos ellos, apenas 16 mil personas fueron devueltas a su país; la gran mayoría sigue en territorio nacional. Pero ¿bajo qué condiciones? Sin papeles, sin protección, sin certeza.
La lógica de Suárez Montes de Oca no es ideológica, es práctica: si el Estado quiere regular, primero tiene que reconocer. Y para eso, se necesita un mecanismo de confianza, donde la Secretaría de Gobernación otorgue estos documentos sin que las personas tengan miedo a ser detenidas en cuanto den sus datos.
La propuesta también va alineada con lo que organismos internacionales como la OIM han pedido durante años: un sistema que permita tener un registro claro, seguro y humanitario de las personas migrantes. Porque, como bien lo dice la legisladora: la migración no es un delito. Y mientras los discursos públicos sigan criminalizando a quienes migran, el problema no se va a resolver, solo se va a volver más peligroso.
Esta iniciativa es, en pocas palabras, un intento de poner orden sin violencia, de dar identidad sin castigo, y de reconocer que los derechos humanos no deberían depender de un sello migratorio. Ahora queda ver si el Congreso tiene la sensibilidad —y el valor político— para convertir esta idea en ley.
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