Por Juan Pablo Ojeda
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes una medida histórica en la recta final de su mandato: la conmutación de las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal. Esta decisión, que tendrá efecto antes de que Biden deje el cargo el próximo 20 de enero, implica que todas estas sentencias serán reclasificadas como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se detalló que estas conmutaciones están alineadas con la postura del presidente en relación con la pena de muerte, y su objetivo de poner fin a su uso a nivel federal, salvo en casos excepcionales como terrorismo o asesinatos masivos motivados por el odio. La medida es un reflejo de su compromiso con la reforma del sistema de justicia criminal, que ha sido un pilar importante durante su carrera política.
Biden marca un precedente en su final de mandato
Este acto de conmutación de sentencias es una de las últimas acciones de Biden en la Casa Blanca, y coloca al mandatario demócrata en un lugar destacado en la historia de Estados Unidos por la cantidad de conmutaciones realizadas en el cierre de su mandato. Según la Presidencia, Biden ha superado a sus predecesores más recientes en cuanto a conmutaciones de penas en los últimos días de su gobierno.
Biden, quien asumió la presidencia en enero de 2021, comenzó su administración con una moratoria a las ejecuciones federales, deteniendo la política que había permitido la reanudación de las ejecuciones bajo la administración del expresidente republicano Donald Trump. Este acto de hoy, según el presidente, busca impedir que el nuevo gobierno federal pueda reanudar ejecuciones bajo la política previa, alineándose con su visión de una reforma de la justicia que no dependa de la pena capital.
Medidas adicionales para reformar el sistema de justicia
En los últimos días de su mandato, Biden también ha tomado medidas adicionales para reformar el sistema de justicia estadounidense. A principios de diciembre, el presidente anunció un indulto masivo a más de 1.500 personas que han demostrado rehabilitación y compromiso con sus comunidades. Además, otorgó 39 indultos a condenados por delitos no violentos, y fue el primer presidente en otorgar indultos a personas condenadas por el simple uso y posesión de marihuana.
Hispanos y migrantes entre los beneficiados
Entre las personas que se verán beneficiadas por esta conmutación de pena se encuentran varios hispanos, como Daniel Troya y Ricardo Sánchez Jr., condenados a muerte en 2010 por el asesinato de cuatro miembros de una familia en un ajuste de cuentas relacionado con drogas en Florida. También destaca el caso de Jorge Ávila-Torrez, un pandillero de la Mara Salvatrucha salvadoreña, condenado por asesinar a dos niñas y a un oficial naval. Además, Edgar Baltazar García, un mexicano condenado a muerte en 2010 por matar a otro recluso en la prisión de Beaumont, Texas, se beneficiará de la medida.
Aunque Biden expresó su condena hacia los crímenes cometidos por estos individuos, recalcó que, guiado por su conciencia y su experiencia como defensor público, está convencido de que el país debe poner fin al uso de la pena de muerte. «Lo lamento por las víctimas de estos actos despreciables, pero mi conciencia me dice que debemos cerrar este capítulo», afirmó Biden en su comunicado.
Conclusión: Biden y el futuro de la pena de muerte en EE.UU.
Con esta decisión, Biden cierra un capítulo importante en su legado presidencial y marca un precedente en la lucha por la abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos. A pesar de las críticas y las objeciones de algunos sectores, el presidente ha dejado claro que no dará marcha atrás en su convicción de que la pena capital no debe formar parte del sistema de justicia estadounidense, salvo en situaciones excepcionales.
Con el fin de su mandato a la vista, Biden se prepara para entregar el cargo con la conciencia tranquila, sabiendo que su gobierno ha dado pasos decisivos hacia un sistema más justo y humano, particularmente en lo que respecta al uso de la pena de muerte en el ámbito federal.
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