La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a detener al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, luego de que el Gobierno de Estados Unidos autorizara procesarlo por nuevos delitos, distintos a los que originaron su detención inicial en Miami en 2020. La nueva orden está relacionada con un presunto esquema de lavado de dinero que habría operado desde el poder estatal.
La nueva orden que reactivó el caso Duarte
En un comunicado, la FGR confirmó la reaprehensión de Duarte tras recibir, el 4 de diciembre de 2024, la autorización formal de Estados Unidos para iniciar un proceso adicional por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura ocurrió alrededor de las 14:00 horas del 8 de diciembre de 2024, cuando elementos federales lo localizaron afuera de su vivienda en la ciudad de Chihuahua.
La orden en su contra no es reciente: fue girada desde mayo de 2024 por un juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México). Con la detención cumplimentada, será trasladado al Penal Federal “El Altiplano”, donde quedará a disposición del juez que lleva el caso.
De Miami al Altiplano: cómo se reactivó el expediente
Duarte había sido detenido inicialmente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, derivados de investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua.
Sin embargo, en junio de 2024, una jueza le retiró la prisión preventiva, ya que se cumplió el periodo máximo de dos años sin sentencia. Desde entonces enfrentaba sus procesos en libertad condicional, con brazalete electrónico y restricciones de movilidad.
Durante ese periodo incluso fue visto en eventos públicos, restaurantes y bares. En 2025, se viralizó un video donde aparecía bailando en el bar “Plan B” en Chihuahua, pese a que su defensa había argumentado un deterioro clínico para justificar su salida del penal.
La reciente autorización del gobierno estadounidense surgió a partir de solicitudes de México para perseguir cargos relacionados con lavado de dinero, lo que habilitó la nueva orden de captura.
¿De qué se le acusa ahora?
Las investigaciones apuntan a que Duarte habría utilizado el Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos desviados de las arcas estatales mientras era gobernador de Chihuahua.
Entre las acusaciones más relevantes destacan:
Desvíos multimillonarios
- Apropiación de cientos de millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fantasma.
- Transferencias por 96 millones de pesos hacia la Unión Ganadera Regional División del Norte, organización de la cual era socio fundador.
- Su presunta participación en la “Operación Safiro”, donde se desviaron 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI.
Crecimiento descontrolado de la deuda del estado
Durante su mandato, la deuda estatal pasó de 12 mil millones a casi 48 mil millones de pesos, comprometiendo ingresos, cuotas carreteras y la liquidez del estado por décadas.
Presunto enriquecimiento y lavado
Las autoridades señalan que los recursos desviados se habrían utilizado para adquirir:
- Miles de hectáreas en ranchos
- Ganado exótico
- Acciones financieras, incluyendo participación en Banco Unión Progreso
Todo ello mediante presuntos prestanombres y operaciones diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero.
El giro clave: aprobación de EU para nuevos cargos
El gobierno estadounidense autorizó a México a ampliar los procesos penales contra Duarte porque su extradición inicial quedó limitada a delitos específicos. Sin esta autorización, el Estado mexicano no podía abrir nuevos cargos sin violar compromisos internacionales.
Este paso, confirmado el 4 de diciembre, abrió la puerta para que la FGR cumplimentara la orden por lavado de dinero.
Lo que sigue en el caso
Duarte será presentado ante un juez federal en el Altiplano. A partir de ahí, el proceso avanzará con imputación formal, definición de medidas cautelares y la revisión de los cientos de documentos financieros integrados en las carpetas.
El caso Duarte sigue siendo uno de los expedientes de corrupción estatal más grandes y complejos del país. La nueva acción judicial indica que el proceso aún está lejos de terminar.
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