Por Juan Pablo Ojeda
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rompió el silencio este miércoles ante las acusaciones que apuntan a su presunta construcción de un rancho en Tamaulipas, valorado en 800 millones de pesos. A través de sus redes sociales, García negó las afirmaciones y descalificó las acusaciones, burlándose de que la información se había divulgado en la fecha equivocada.
En un breve mensaje publicado en X (anteriormente conocido como Twitter), el gobernador, miembro de Movimiento Ciudadano, utilizó su proximidad a su próximo cumpleaños, el 28 de diciembre, para minimizar las críticas, sugiriendo que los rumores eran apropiados para el Día de los Inocentes. A su vez, hizo una referencia irónica a la información, desviando la atención de los señalamientos.
Esta nota debería de ser para el 28 de diciembre, día de los inocentes…
La nota es falsa, de verdad me sorprende la capacidad de El Norte para publicar textos de ficción.P.D: Por cierto, ese día cumplo años. Espero su regalo. pic.twitter.com/10mD64ppG2
— Samuel García (@samuel_garcias) December 19, 2024
Según informes de un diario nacional, el rancho estaría siendo construido en un predio de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, adquirido por una empresa en la que su padre funge como representante legal. La adquisición habría tenido lugar en diciembre de 2023, cuando García llevaba solo dos años de su mandato como gobernador, lo que alimentó aún más la controversia sobre la procedencia de los recursos.
La respuesta del gobernador no fue bien recibida por varios usuarios de las redes sociales, quienes lo acusaron de encubrir posibles irregularidades. En los comentarios, críticos señalaron que, aunque García niega tener propiedades, se sabe que reside en un lujoso fraccionamiento en San Pedro Garza García, uno de los más exclusivos del país.
Los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la opacidad en las propiedades del gobernador han provocado un debate público intenso. Mientras que García continúa negando las acusaciones, algunos usuarios en redes sociales exigieron pruebas que desmientan las acusaciones, reclamando transparencia sobre el origen y uso de los recursos involucrados.
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