Por Juan Pablo Ojeda
Tras el polémico desalojo del Multiforo Alicia, ocurrido el pasado 30 de mayo, el Gobierno de México anunció que el Ejército mexicano ya no participará en operativos de seguridad de carácter administrativo en la Ciudad de México.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, informó que a partir de ahora la participación de personal militar en operativos civiles quedará estrictamente limitada y solo se permitirá bajo orden judicial.
“En lo sucesivo, el personal militar del Ejército ya no va a participar en este tipo de actividades. Para eso está la Guardia Nacional, que forma parte del gran proyecto en materia de seguridad pública”, afirmó el general Trevilla.
Patrullajes sí, desalojos no
El titular de la SEDENA explicó que el Ejército continuará realizando patrullajes preventivos en coordinación con el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, pero no participará en cateos, desalojos o acciones administrativas, salvo que exista una solicitud expresa de una autoridad judicial o del Ministerio Público.
La decisión responde directamente al desalojo ocurrido en el emblemático foro cultural ubicado en la colonia Santa María la Ribera, mientras se celebraba un concierto del músico vasco Fermín Muguruza. En ese operativo, policías capitalinos y elementos armados del Ejército irrumpieron en el recinto, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales y entre colectivos culturales.
Sheinbaum marca límites
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se pronunció sobre el tema. Aclaró que la Guardia Nacional no podrá intervenir en operativos administrativos sin una orden judicial previa.
“Cuando se trate de un asunto administrativo, pues ahí no participará la Guardia. Solo bajo orden de juez o a partir de una solicitud de la Fiscalía”, recalcó Sheinbaum, en respaldo a la delimitación de funciones entre fuerzas armadas y civiles.
Esta decisión busca reforzar el carácter civil de la seguridad pública, un principio largamente discutido en el país y que cobra relevancia en el contexto de militarización de tareas que originalmente competen a cuerpos policiales locales.
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