Por Bruno Cortés
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados metió orden en un tema que suele sonar lejano pero que impacta directamente en médicos, enfermeras y trabajadores del Estado: las reglas internas del ISSSTE. Y es que, aunque no se diga mucho, buena parte de la normatividad con la que opera el Instituto sigue atorada en el 2018, como si nada hubiera pasado desde entonces… incluido el Covid.
Con ese contexto, las y los diputados aprobaron por unanimidad pedirle formalmente al ISSSTE que acelere la actualización de todos los lineamientos y documentos legales que rigen su funcionamiento. Esto implica revisar desde su organigrama hasta los procedimientos operativos que determinan cómo se contrata personal, cómo se administra la atención médica y cómo se asignan recursos.
La solicitud también incluye algo muy esperado por el personal de salud: que se transparente públicamente la situación laboral de quienes fueron contratados de manera eventual durante la pandemia, en las llamadas Plazas Covid. Mucha de esta gente sigue trabajando sin certeza de si permanecerán, si habrá plazas permanentes o si quedarán fuera en cuanto termine su contrato.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz, quien impulsó el acuerdo, lo planteó de forma clara: si el ISSSTE quiere cubrir la demanda actual, necesita integrar a médicos y enfermeras que ya demostraron su capacidad durante la emergencia sanitaria. Son profesionales que ya están formados, ya conocen la operación y podrían fortalecer la plantilla física sin empezar desde cero. Lo que hoy falta es claridad administrativa y voluntad política para que eso suceda.
En paralelo, la misma comisión también votó dos dictámenes en sentido negativo. Es decir, las propuestas se revisaron, pero no avanzaron.
El primer caso fue una iniciativa que buscaba ampliar derechos en el régimen voluntario del IMSS para que trabajadores inscritos por su cuenta pudieran acceder a todas las prestaciones que tienen quienes están en un empleo formal, incluyendo guarderías. ¿El problema? El costo. Para equiparar los beneficios se tendría que modificar el esquema de cuotas y aportaciones, y eso significaría un aumento tanto para empleadores como para los propios trabajadores. Por eso, aunque se reconoció la intención, se concluyó que jurídicamente no es viable sin una reforma financiera más profunda.
El segundo dictamen rechazado proponía que, si una persona asegurada fallece sin dejar cónyuge, sus hermanos pudieran recibir la pensión por viudez siempre que dependieran económicamente de ella. Suena justo, pero técnicamente cambia la naturaleza de la pensión por viudez —que está creada para proteger a parejas e hijos— y abriría la puerta a un gasto que no está contemplado en el sistema actual de pensiones. De aprobarse, implicaría crear prácticamente una nueva categoría de pensión, con impacto presupuestal.
En resumen, la Comisión está tratando de ordenar la casa: pedirle al ISSSTE que actualice reglas y dé certeza al personal, mientras mantiene cerradas otras propuestas que, aunque bien intencionadas, afectarían la estabilidad financiera de la seguridad social. Para quienes no siguen de cerca estos temas, puede parecer un trámite más. Pero en realidad son decisiones que moldean cómo se financian las pensiones, cómo se contrata personal médico y qué tanto se puede garantizar la atención en el país. En pocas palabras, políticas públicas que terminan impactando la vida diaria de millones.
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