Solicitan protección a funcionarios que entregan apoyos de programas sociales

Solicitan protección a funcionarios que entregan apoyos de programas sociales

CDMX a 24 de Agosto de 2017.- Esta semana el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo promovido por la Dip. Guadalupe González Suástegui, por el que solicita protección a funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos de programas sociales.

La comisión dictaminadora consideró necesario que las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad del país, a nivel federal y local, atiendan de manera pronta y conjunta la problemática existente de inseguridad en el estado de Guerrero, a través de la implementación de acciones y programas tendientes a generar bienestar, tranquilidad y seguridad para la población en general y de manera especial se implementen acciones que garanticen la seguridad de las autoridades que realizan el traslado y entrega de recursos de programas sociales.

Esta solicitud se deriva de los recientes acontecimientos ocurridos en el Estado de Guerrero, en los cuales perdieron la vida siete personas a manos de la delincuencia organizada en el momento de trasladar la entrega de recursos de programas sociales.

Como lo manifiesta la Dip. González cada bimestre millones de familias acuden a centros de atención temporales, esta medida permite acercar los recursos a las familias que por su condición de vulnerabilidad requieren del apoyo.

No obstante esta situación, se ha registrado en más de una ocasión por lo que se requiere la total atención del Gobierno Federal para que en conjunto del Gobierno del Estado implementen acciones y estrategias para contrarrestar los altos índices de violencia.

Por lo que las y los integrantes de la Comisión aprobaron exhortar al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad, así como para la protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos correspondientes a programas sociales.

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