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18 Agosto, 2018

Propone diputada Minerva Hernández Ramos diversos cambios legales contra el lavado de dinero


CDMX a 14 de Marzo de 2018.- “Quienes se han beneficiado de sus posiciones de poder, apropiándose indebidamente de los recursos públicos del pueblo, buscan legitimar ese dinero a través de la simulación jurídica y del blanqueo de capitales”, aseguró la diputada federal Minerva Hernández Ramos, al presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones para, entre otras acciones, fortalecer las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

El objetivo, explicó, es fortalecer diversas disposiciones encaminadas a prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como precisar atribuciones legislativas en la materia

La iniciativa que presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La presente iniciativa destaca lo siguiente:

  • Establecer que la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá autonomía técnica y de gestión, y estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de dichos delitos
  • Delegar las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la materia a la Unidad señalada
  • Crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial Estatal, la cual se encargará de recibir y analizar información sobre lavado de dinero, prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de ejecutar acciones de recuperación de activos derivados de éstas
  • Puntualizar los mecanismos de coordinación entre la federación y demás órdenes de gobierno sobre: i) el análisis y recepción de la información en comento; ii) el establecimiento de reglas y procedimientos comunes para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y, iii) la recuperación de activos provenientes de dichos ilícitos
  • Facultar a la Mesa Directiva del Senado para proponer el acuerdo que considere la ratificación de nombramientos que el Ejecutivo federal haga respecto de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos y de Egresos, al procurador Fiscal de la Federación, al tesorero de la Federación, al jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera
  • Determinar que la Cámara de Diputados podrá citar a comparecer a los titulares de la SHCP y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que informen conjuntamente sobre lo relativo a la política pública de detección y prevención del lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de financiamiento al terrorismo y sobre la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción
  • Señalar los protocolos y bases para realizar dicha comparecencia.

Al hacer uso de la palabra, Hernández Ramos pidió reformar el artículo 102 constitucional, para así fortalecer las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y establecer mecanismos de control y rendición de cuentas por parte del Legislativo en la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La legisladora panista recalcó que la finalidad de la iniciativa es reformar el marco jurídico a efecto de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sea considerado como empleado superior de Hacienda, para que el nombramiento sea ratificado por el Senado de la República y así establecer que el secretario de Hacienda y el titular de la UIF comparezcan ante la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención de lavado de dinero y la recuperación de los activos relacionados con hechos de corrupción, así como otorgar autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a las Comisiones de Justicia y Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para opinión.

 

 

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