CDMX a 25 de mayo, 2022.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional, por seis votos contra cinco, la figura de los Superdelegados, creados para operar en los estados los programas sociales del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que en tan sólo dos años de su nombramiento, diez superdelegados han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el uso indebido de los programas sociales bajo su cargo, específicamente por utilizarlos para hacer propaganda electoral a su favor, de acuerdo a Mexicanos contra la Corrupción, la Suprema corte respaldó la figura.
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) ha señalado en su reportaje que esta no es la única falta que se les imputa. En torno a los 32 superdelegados se ciernen denuncias por un amplio espectro de delitos y faltas, desde nepotismo, negligencia, desvío de recursos y peculado, hasta abuso sexual. Aun así, ocho superdelegados han presentado su renuncia para buscar ser gobernadores en las elecciones de 2021.
Desde que en 2018 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que dio origen a los superdelegados, fueron señalados los riesgos que generaría esta figura: I) el daño al federalismo por imponer a un funcionario federal que podría debilitar a ejecutivos estatales; II) el abuso de sus facultades extraordinarias, y III) el uso del puesto para fungir como operadores electorales de Morena, específicamente utilizar el cargo como plataforma política para convertirse en gobernadores. Las predicciones parecen haberse cumplido.
Los superdelegados que han dejado su cargo para contender por la gubernatura son: Victor Manuel Castro, en Baja California Sur; Juan Carlos Loera, en Chihuahua; Indira Vizcaíno, en Colima; Pablo Amílcar Sandoval, en Guerrero; Hugo Flores, en Morelos; Manuel Peraza, en Nayarit; Gilberto Herrera, en Querétaro, y Lorena Cuellar, en Tlaxcala.
Espectaculares que promocionaban su imagen, colocados en al menos siete municipios del estado y que presuntamente costaron más de dos millones de pesos según El Universal. A finales de octubre, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero determinó que el exdelegado no incurrió en ninguna infracción, ni cometió actos anticipados de campaña ni de promoción del voto.
Los superdelegados fueron nombrados para servir como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos locales, con el objetivo de eliminar la corrupción en la entrega de los programas sociales. Sin embargo, la mayoría cuenta con denuncias –formales o informales– en su contra. Incluso uno de ellos, Carlos Lomelí de Jalisco, renunció envuelto en una controversia: una investigación periodística de MCCI evidenció una red de empresas farmaceúticas, algunas declaradas fantasma, vinculadas a él, además de conflicto de intereses y contrataciones públicas dudosas.
La SFP ha recibido más de 100 denuncias contra los superdelegados, pero sólo ocho de ellas han avanzado a proceso de responsabilidades; 24 fueron desestimadas por falta de elementos, y ninguna ha generado sanción. Aunque se le solicitó al presidente apoyar la iniciativa de reforma para que los superdelegados no pudieran contender a un puesto de elección popular tras terminar sus funciones, el titular del Poder Ejecutivo respondió que primero debería probarse que los superdelegados se han involucrado en propaganda electoral. Lo cual parece contradictorio pues, según El Heraldo, al menos 24 superdelegados impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las sanciones por promoción personalizada, exigiendo su libre ejercicio de propaganda –lo que deja en claro sus intenciones de contienda electoral.
Los superdelegados llegaron a convertirse en todos los peligros que se esperaban de ellos. Abusan de su posición para incrementar su poder, facilitan la intromisión de la presidencia en decisiones locales, han debilitado la imagen de los gobernadores y, finalmente, buscarán ganar las elecciones de 2021. Los superdelegados han demostrado que la justicia electoral no se resuelve con abrir carpetas de investigación; en su lugar, las sanciones son indispensables para limitar su actuación discrecional. Cargos como los suyos, elegidos directamente por el presidente, y con acceso a presupuesto público, son el trampolín perfecto para impulsar su carrera política en las elecciones estatales.
