Ciudad de México, 3 de agosto de 2020. – Con el fin de prevenir violaciones a los derechos humanos de los adultos mayores, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández presentó una proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, fortalezca la supervisión y vigilancia de los centros de asistencia social, casas hogar y albergues para dicho sector.
Asimismo, solicitó que se actualice el registro único obligatorio de las instituciones públicas y privadas de atención a las personas adultas mayores y se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir el contagio por COVID-19 en dichos centros.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PES consideró esencial la comprensión y el apoyo a los adultos mayores, así como el respeto a sus derechos humanos, por lo que se dijo convencida de que deben fortalecerse las acciones de asistencia social en albergues y casas hogar, a fin de mejorar la calidad de la atención.
En México, detalló, hay 15.4 millones de personas adultas mayores, cifra que representa el 12.3 por ciento de la población total, de las cuales 1.7 millones viven solas. Siete de cada diez personas de este grupo viven solas y presentan algún tipo de discapacidad y el 42.3 por ciento tiene alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica.
La promovente señaló que, si bien la familia desempeña un papel primordial en el cuidado físico de estas personas, es una realidad que no siempre es así, pues algunos de ellos son enviados a asilos o albergues.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi, informa que en México existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del adulto mayor, 85 por ciento son del sector privado y 15 del público, refirió.
Además, el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), contabilizó un total de dos mil 331 centros de asistencia social, albergues, refugios y otras modalidades institucionales públicas y privadas, a nivel nacional, que atienden a personas mayores, con una población total de 26 mil 615 personas.
Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las tasas de maltrato a personas mayores son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración: dos de cada tres trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año, puntualizó.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su creación, ha tramitado diversas quejas motivadas por actos u omisiones que han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores en casas hogar o albergues, sobre todo en materia de deficiencias en los servicios de salud.
Reséndiz Hernández consideró que se debe procurar que la prestación de los servicios brinde un cuidado digno para este sector de la población en situación de riesgo y vulnerabilidad, a fin de garantizarles su derecho a la salud y su derecho a vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.
La proposición con punto de acuerdo fue turnada directamente a la Primera Comisión de la Permanente del Congreso.
