CDMX 26 de noviembre del 2020.-Con el objetivo de impulsar mecanismos que incorporen la pertinencia cultural y el enfoque de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en la contraloría social de los programas de la Administración Pública Federal, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un convenio de colaboración en apego a los principios de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, que ha impulsado el Gobierno de México desde la toma de posesión.
Durante la firma del documento realizada sin público en atención a las medidas sanitarias por la pandemia, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que el combate a la corrupción es uno de los pilares de este gobierno que se debe poner en práctica en todos los ámbitos de la vida pública y en el conjunto de la sociedad, del mismo modo que la austeridad republicana.
Ante la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, explicó que este convenio va a sentar un precedente en el país, porque se trata de dar una atención especial a los 68 pueblos indígenas que existen en el territorio nacional. Se trata, dijo, de 25.7 millones de personas que se auto adscriben en alguno de los pueblos indígenas, así como en el afromexicano que se concentra principalmente en La Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.
“Esta idea de las contralorías comunitarias indígenas es innovadora en muchos sentidos y se ha venido poniendo en práctica por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador; desde el año 2018, esta figura se ha venido implementando, particularmente con el programa de Caminos Pavimentados a Cabeceras Municipales Indígenas”, señaló en la ceremonia realizada en el auditorio de la Función Pública.
Precisó que, por instrucción presidencial, en dicho programa, además de que la obra se ejecute de manera directa por los propios pueblos, comunidades y municipios –con la generación de empleos en beneficio de mujeres y hombres del lugar–, se tiene el postulado de que los recursos públicos sean ejecutados de manera directa por las autoridades indígenas de usos y costumbres.
“Este es un componente muy importante porque si se analizan los programas públicos del gobierno federal, de los estados y municipios, todo estaba prácticamente centralizado, no existían programas que pudieran ser transferidos de manera directa a los pueblos y las comunidades y que pudieran ser ejercidos por sus autoridades.”
Sostuvo que esa es la revolución que plantea el programa de caminos pavimentados, pues en este momento 133 municipios de usos y costumbres hacen sus obras y ejercen los recursos públicos de manera directa, con el componente fundamental del control, la rendición de cuentas, que las autoridades indígenas tienen que hacer ante sus asambleas comunitarias, las cuales autorizan el proyecto y nombran al comité de caminos que se encargan de supervisar cada día los avances de los trabajos.
Este es un ejemplo de participación comunitaria en un programa estratégico del gobierno federal con sus respectivos mecanismos de rendición de cuentas, que permiten auditar día a día tanto la inversión –el avance del ejercicio financiero– y la realización de la obra, “eso es un precedente muy importante que tenemos que reconocer, lo que sucede porque el Presidente de la República conoce a nuestros pueblos y comunidades, la importancia de la asamblea comunitaria y, sobretodo, el valor de la honestidad que se practica día a día en nuestros pueblos y nuestras comunidades”, recalcó.
Este ejemplo de honestidad, transparencia y rendición de cuentas, agregó, tiene que ser reconocido por el conjunto de la administración pública federal, es un ejemplo que se debe multiplicar en los demás programas federales.
Comentó que con la firma del convenio, el INPI pondrá todas sus capacidades, su voluntad y compromiso, para que en los programas relacionados con los pueblos y comunidades se puedan implementar los mecanismos de control comunitario indígena y que a partir de la experiencia desarrollada se puedan consolidar los principios de combate a la corrupción y austeridad comunitaria.
Adelfo Regino hizo un reconocimiento público a las mujeres y hombres indígenas que trabajan en la administración pública federal y consideró necesario impulsar la creación de espacios laborales para servidoras y servidores públicos que provengan de los pueblos indígenas, como se ha hecho en los 133 centros coordinadores del INPI que hay en todo el territorio nacional.
Por su parte la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo de terminar con la profunda desigualdad que hoy lastima a millones de indígenas y a más de un millón y medio de afromexicanos.
“Tenemos la obligación y la voluntad de cambiar los vicios que han afectado a las personas de estas comunidades, que les han ido invisibilizando, dificultando o incluso con dolo y con una ética de la más baja, les han impedido acceder a las mejores oportunidades de desarrollo social, de desarrollo cultural y desarrollo político”, expresó.
Mencionó que con el convenio firmado con el INPI van a promover que los pueblos indígenas y afromexicano se sumen de lleno a la vida legal, la vida pública y al combate a la corrupción en el país. Hoy los pueblos indígenas, saben que tienen las puertas abiertas con este gobierno y esto no mediante políticas paternalistas o burocratizantes, sino a través de una verdadera inclusión e institucionalización, afirmó.
Añadió que la transformación del gobierno que construye la Función Pública incluirá de manera fundamental a los pueblos originarios y afrodescendientes de México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció como eje vertebral de su gobierno, para atender a las 68 naciones indígenas de México a las que, pese a la legitimidad y vigencia de sus demandas, durante siglos se les oprimió, relegó y olvidó.
“Por primera vez, en la Función Pública y, sobretodo, en la Administración Pública Federal, se dará un lugar protagónico a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y se garantizará su derecho a participar como ciudadanía, como servidoras y servidores públicos, y como garantes de sus derechos colectivos”, puntualizó la secretaria Sandoval Ballesteros.
El convenio de colaboración firmado por ambas dependencias contempla mecanismos y acciones conjuntas en materia de capacitación a servidores públicos de los pueblos y comunidades para fortalecer la contraloría social comunitaria, el combate a la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas, así como en los temas de derechos de autor, autonomía, organización de talleres, seminarios y conferencias, realización de acciones positivas en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en materia de servicios profesional de carrera y seguridad social, entre muchos otros aspectos.
