Ciudad de México 20 enero de 2022.- El juez de control del Reclusorio Sur de la capital, Alejandro Villar, acató un mandato del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que ordena al Ministerio Público de la Fiscalía federal investigar al responsable de las políticas públicas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19, ante las defunciones causadas por la enfermedad.
«La Fiscalía debe ejercer y cumplir su obligación de investigar los hechos denunciados por las víctimas indirectas, con apariencia de delito», dice el dictamen judicial emitido conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales
Una denuncia penal fue presentada en noviembre de 2020 por los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID-19.
El juez de control del Reclusorio Sur de la capital, Alejandro Villar, acató un mandato del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que ordena al Ministerio Público de la Fiscalía federal investigar al responsable de las políticas públicas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19, ante las defunciones causadas por la enfermedad.
Una denuncia penal fue presentada en noviembre de 2020 por los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID-19.
La Fiscalía rechazó en una primera instancia abrir una carpeta de investigación, y notificó a los denunciantes que en este caso «no había delito que perseguir».
Denuncia y juicio
Los familiares de las víctimas eran empleados del abogado Javier Coello Trejo, conocido como el Fiscal de Hierro en sus memorias publicadas el año pasado, sobre sus años de combate al crimen organizado y el narcotráfico, quien ahora es defensor de acusados del caso de sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht en este país.
La acusación fue dirigida contra López-Gatell por el delito de «incumplimiento del deber de cuidado», por «negligencia» como responsable del manejo de la pandemia, y «omisión» al no realizar las acciones necesarias para evitar la muerte de pacientes contagiados.
Tras la negativa de la Fiscalía, los familiares de los fallecidos por COVID-19 presentaron un juicio para solicitar el amparo de justicia que también fue desechado por un juez.
En una segunda apelación ante un tribunal federal lograron que se ordenara a la Fiscalía investigar las acciones adoptadas por López-Gatell, de 52 años, el más notable de los funcionarios federales encargados del manejo de la pandemia, incluso más visible que el titular Jorge Alcocer, de 75 años.
Coello afirmó que desde el inicio de la pandemia hubo omisiones por parte del funcionario de salud federal e incluso «decisiones contrarias a las recomendaciones internacionales» de la Organización Mundial de la Salud.
La denuncia de los afectados fue apoyada por la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNE).
Esa organización está integrada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma Metropolitana, y las universidades Panamericana, Iberoamericana, Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Libre de Derecho, entre otras.
«El zar anticovid ha caído en hechos con apariencia del delito conocido como comisión por omisión, negligencia e incompetencia», dice la UNE, mientras que López-Gatell no ha respondido a la decisión judicial hasta la fecha.
Entre esa medidas, los denunciantes sostienen que las autoridades federales no permitieron a los hospitales privados realizar pruebas para detectar el virus, y se negaron a recomendar o subestimaron el uso de cubrebocas a la población en general.
