CDMX, 27/09/2021. La investigación comenzó en octubre de 2020, pero fue hasta junio de 2021 que la FGR solicitó documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria.
Todo comenzó en 2019 cuando los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FFCyT) acusaron a Álvarez-Buylla de desconocer el vínculo jurídico entre ese organismo y el Conacyt, recoge El Universal.
Fue entonces que Regis López admitió el juicio y otorgó al FFCyT una suspensión para que el Conacyt continuara entregándole recursos mientras se resolvía el amparo.
Sin embargo, el Conacyt no entregó esos recursos durante varios meses, por lo que en 2020 el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para investigar a Álvarez-Buylla.
Hasta la fecha, el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR, entre ellas copias del expediente de amparo, solo el incidente donde se determinó que el consejo incumplió con la suspensión concedida.
Los recursos de revisión a los que se refiere en su acuerdo, fueron resueltos el 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la sentencia, la SCJN determinó que es legal que el Conacyt entregue los recursos al fondo hasta el ejercicio 2019, ya que así se estipuló en la normativa interna del consejo hasta 2020, año en que se reformó el fondo y se eliminó.
A pesar de ello, la FGR insiste en que la transferencia de recursos entre el FFCyT y el Conacyt fueron ilegales de 2013 a 2018, por lo que en dos ocasiones ha intentado obtener órdenes de captura contra 31 de sus exmiembros, quienes son investigados por lavado de dinero, peculado, delincuencia organizada y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Tomado de Sputnik.
