Ciudad de México, 18 de enero de 2021.- Los recursos del Caso Iguala que se destinaban a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pasaron a la oficina de desapariciones, lo que se interpretó como desinterés por parte de las familias y la representación legal de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), creó el 9 de enero de 2020, la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado, a la que le otorgó 4.2 millones de pesos y a la que presuntamente convirtió en el brazo
político y financiero del Comité Eureka. Diecinueve días después, eliminó la Oficina Especial para el Caso Iguala.
