CDMX a 3 de enero, 2024 (Notcias de México).- En el ámbito de la medicina estética en México el diputado Emmanuel Reyes Carmona ha propuesto una serie de reformas a la Ley General de Salud, centradas en la regulación de las cirugías estéticas y reconstructivas. La esencia de estas reformas se encuentra en la obligatoriedad de contar con certificados de especialización para ejercer tales prácticas . Este movimiento legislativo surge como respuesta a incidentes donde personas han sido víctimas de procedimientos estéticos realizados por no calificados, como el caso tristemente célebre de la periodista Sandy Aguilera.
La propuesta de Reyes Carmona, si bien parece velar por la seguridad y la calidad en el campo de la cirugía estética, plantea inquietudes significativas respecto a la privatización de la educación y capacitación en este sector. Según su iniciativa, solo aquellos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., una institución privada, estarían calificados para ejercer como cirujanos estéticos. Este punto crucial genera un debate sobre el potencial monopolio en la formación y acreditación de estos profesionales.
La relevancia de esta propuesta se ve magnificada por el incremento en la demanda de cirugías estéticas, tanto por razones estéticas como reconstructivas. La iniciativa de Reyes Carmona también abarca la obligación de entregar a los pacientes una tarjeta informativa sobre los procedimientos quirúrgicos y sus riesgos, particularmente en lo que respecta a la cirugía plástica y reconstructiva de mamas.
Sin embargo, lo que debería ser una medida para proteger a los pacientes y asegurar la calidad de los servicios podría convertirse en un monopolio respaldado por la ley. De ser aprobada, esta propuesta consolidaría el poder del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C. como el único ente certificador, llevando a sus integrantes a acumular una riqueza considerable.
El impacto económico de este potencial monopolio es difícil de cuantificar, pero considerando el creciente interés en la cirugía estética y la exclusividad que esta ley otorgaría, las cifras podrían ser astronómicas. Queda entonces la pregunta: ¿Cuánto valdría realmente este monopolio? Y más importante aún, ¿está la salud y el bienestar de los pacientes siendo adecuadamente priorizada en esta propuesta legislativa?
