CDMX, 24 de enero del 2022.- Ante la reciente aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), los integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), trabajaron durante el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad en un pacto por el transporte público que dote de institucionalidad y fortalezca el financiamiento para este sector que representa el 4% del PIB nacional.
Diego Monraz, presidente de la AMAM, Roxana Montealegre, directora de Movilidad la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con apoyo del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés), representado por Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Fernando Páez, director de Movilidad, acordaron iniciar mesas de trabajo entre autoridades locales y autoridades federales. SEDATU propuso desarrollar una primera mesa a finales de febrero orientada a establecer mecanismos, buenas prácticas y procesos para pasar del modelo hombre-camión a uno de empresas y sistemas organizados.
Dentro de las conclusiones del encuentro de tres días, reconocieron que el gran reto de este 2022 será avanzar en la institucionalización del transporte público como una política de Estado y establecer rutas de acción y mecanismos financieros para asegurar la implementación de la Ley.
“Pusimos tres puntos en particular muy importantes, la inminente aprobación de la Ley general de Movilidad y Seguridad Vial y cómo en este tiempo vamos a estar preparándonos para ella; segundo, como salir de la crisis económica, que requiere una reactivación en el sector del transporte, que es el que mueve a México, y no podemos dejar que quiebre, no podemos dejar que se fracture de tal forma que no nos pueda mover”, explicó Monraz.
“Y por último también vimos cosas muy relevantes de seguridad vial, de homologación de innovación y tecnologías, que en conjunto de la instalación por primera vez del Consejo Promotor en esta asociación, nos va ayudar a tener sentados en la misma mesa, en un ejercicio muy transparente y enriquecedor, a la industria, los que llevan la innovación y tecnologías de materia rodante y una identificación de todo lo que se requiere para llevar a cabo proyectos vanguardistas de movilidad sustentable”.
Durante el vigésimo ENAM, que se llevó a cabo en esta ciudad, los representantes de la organización enumeraron los retos que vive actualmente este sector derivado de la pandemia de COVID-19.
Según los especialistas, la aportación del transporte público urbano al PIB es del 4% y gracias a este sector se mueve más del 40% de la población, es decir, 50 millones de personas diariamente a lo largo del país.
Las autoridades destacaron la necesidad de gestionar la movilidad y en particular el transporte público como una política social acorde con el derecho a la movilidad, que es una oportunidad para la equidad, la inclusión social y la reducción de la pobreza en el país.
“El transporte público se debe convertir en un igualador social y que esto ayude a disminuir los efectos que contaminan nuestro planeta. El trabajo debe ser en equipo, con una coordinación y enlace de esfuerzos permanente que nos permita este 2022 lograr acuerdos, para que los tres órdenes de gobierno nos sumemos a la mejora de la movilidad”, invitó Roxana Montealegre, representantes de SEDATU.
Por su parte, diputados y senadores coincidieron en que la iniciativa aprobada en el Senado es un primer paso de ordenamiento y aunque perfectible, se trata del primer instrumento basado en múltiples consensos de diversos sectores de la sociedad a través del cual se abona al establecimiento de un sistema nacional de movilidad.
Patricia Mercado, senadora y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, subrayó que la Ley aprobada establece un piso mínimo de acuerdos para ver a la movilidad como derecho humano.
Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez que participó de manera virtual, reconoció que no se trata de una ley perfecta, pero es el inicio de un cambio de paradigma.
Durante su intervención, el senador Eli Cervantes, Secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, contó que al realizar la Ley buscaron que la movilidad fuera accesible a todas las clases sociales, como un derecho constitucional, que conlleva el acceso al derecho a la salud, educación y esparcimiento.
Para el diputado Salomón Chertorivski, Presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, existen tres retos: primero, pensar que se podrá implementar la Ley sin recursos, no es real; segundo, la necesidad de un cambio de paradigma entre autoridades locales y tercero, establecer una cultura de respeto al peatón, ciclista y transporte público.
En representación de operadores de transporte, Nicolas Rosales, Presidente de la Asociación Mexicana de Transportistas y Movilidad (AMTM) y Jesús Padilla, Fundador de la AMTM, se sumaron a la construcción resaltando su compromiso para identificar en conjunto acciones y soluciones hacia mejores sistemas de transporte en el país.
Durante el Encuentro, Jalisco presentó programas y proyectos de movilidad con perspectiva de género como Mi Pasaje Apoyo a Mujeres, así como los sistemas Mi Macro Periférico, Mi Transporte Eléctrico y la Línea 3 del Tren Ligero.
