México 01 de agosto 2020.- En la clausura de la Semana de las Juventudes, la presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México, Nancy de la Sierra Arámburo, destacó el compromiso de las senadoras y senadores para transformar a nuestro país con todos los sectores y organizaciones sociales.
En este sentido, adelantó que se organizará un Parlamento Abierto para analizar una nueva legislación que garantice sus derechos educativos, económicos, medioambientales y sociales.
Jóvenes analizaron los mitos y realidades de la Agenda 2030, así como los procesos legislativos relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, focalizados.
Destacaron que consideraron la importancia y presencia de más de 32 millones de personas de entre 15 y 29 años que buscan que se incluya su participación en los procesos políticos formales.
El senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, dijo que en la LXIV Legislatura, el Senado de la República ha aprobado cambios de fondo como la reforma para elevar a rango constitucional la gratuidad de la educación pública superior. Hay tareas pendientes, dijo, que tienen que ver con la ratificación de la Convención Iberoamérica de Derechos de la Juventud.
La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, indicó que cumplir la Agenda 2030 es darle a las generaciones presentes y futuras un país habitable. Es poner en el centro la justicia social, la convivencia diaria de las personas para que exista calidad de vida y sea sostenible la actividad económica.
Xóchitl Gálvez Ruiz, senador del PAN, dijo que al interactuar con las y los jóvenes se hizo el compromiso de analizar y estudiar sus propuestas en la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, y de ser posible se traduzcan en iniciativas de le ley.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, afirmó que fue enriquecedor participar en la Semana de las Juventudes, donde establecimos objetivos específicos para avanzar en el desarrollo sostenible.
Alejandra Rentería, Francisca Flores Rojas, Iván Martínez y Emiliano Gamboa plantearon diversas reformas para que la educación que imparta el Estado desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así como fomentar el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Destacaron que las prácticas profesionales son el principal mecanismo para la transición educativa laboral. Además, pidieron atender la deuda histórica con “grupos oprimidos” que no tienen acceso a la justicia climática, y que en el proceso legislativo para una nueva “Ley General de Juventudes” participen las personas a la que estará enfocada este ordenamiento.
