Andrea Aguilar
El derrame tóxico en el Río Sonora ha sido considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México, y a nueve años del desastre ecológico los pobladores de la cuenca del Río Sonora continúan exigiendo justicia, pero no hay respuesta ni castigo al Grupo México, por su negligencia.
El derrame en el Río Sonora ocurrió el 4 de julio de 2021, y de acuerdo a Semarnat, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora que con base en evidencia técnico-científica da cuenta de la presencia actual de contaminación en agua, aire, flora y fauna, así como metales pesados por encima de la norma y cuyas muestras están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014.
Sobre el desastre ecológico, la Semarnat reortó que en 2014 la empresa Grupo México y Profepa firmaron un convenio para crear el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2 mil millones de pesos como monto inicial que podría incrementarse según las necesidades para atender los impactos causados por el derrame, sin embargo, de éstos solo se entregaron mil millones de pesos.
Del Fideicomiso se ha ejercido un millón 232 mil pesos en conceptos agropecuarios, unidades económicas, jornaleros y prestadores de servicios, tomas de agua, tinacos, pipas, rehabilitación de pozos, potabilizadoras, organismos de agua municipales, diagnóstico ambiental, salud, comunicación social, servicios notariales y bancarios y libro blanco, con una aportación de 309 millones de pesos que fueron pagados fuera del Fideicomiso con aprobación de los integrantes del Comité Técnico.
Durante la aplicación de estos recursos se encontraron irregularidades como la instalación de una planta potabilizadora en Bacanuchi que solo operó 2 años, por falta de dinero para energía y pago de personal, y el financiamiento de 9 plantas potabilizadoras más de las que solo una operó durante un mes, debido a falta de fondos.
A pesar de no haber atendido satisfactoriamente las demandas de la población en 2017 determinaron la extinción del citado Fideicomiso, por lo que se inició una serie de acciones logrando que en 2020 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyera que ese fideicomiso permaneciera abierto y que se reintegrara el patrimonio con el que contaba al momento de su extinción a lo cual Grupo México ha sido omiso. Además se les ha invitado a participar como miembros del Comité de dicho Fideicomiso pero no han respondido.
En cuanto al cuestionamiento que hiciera esta empresa sobre las atribuciones del IMTA y el INECC para realizar el citado dictamen, aclaró que ambas instancias cuentan con las facultades para llevar a cabo las investigaciones científicas que den certeza a los resultados presentados en dicho documento.
Actualmente se exige a la empresa un programa de remediación avalado por las comunidades para resarcir el daño y continuará dando seguimiento al diagnóstico ambiental y al proceso judicial correspondiente.
Cabe destacar que el pasado 17 de agosto, la Semarnat presentó ante la Fiscalía General de la República en Sonora, denuncia penal en contra de Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes derivado de los actos de investigación resulten responsables por el derrame de 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio en los afluentes que se conectan con el Río Sonora.
Se hizo del conocimiento de la Fiscalía que mediante un resolutivo con fecha del 24 de mayo de 2023, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat determinó que no se dio cumplimiento a los Programas de Remediación presentados por Grupo México y que persisten los daños a los recursos naturales.
Asimismo, se solicitó información a PROFEPA, COFEPRIS, CONAGUA Y NAFIN, con el objeto de integrarla a la carpeta de investigación. A la fecha ya se entregó la información de NAFIN a la Fiscalía.
La Semarnat reitera que dará seguimiento puntual a la carpeta de investigación y refrenda su compromiso de continuar trabajando para garantizar el derecho a un ambiente sano y el bienestar de las comunidades afectadas por este incidente.
