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18 Diciembre, 2017

Alianza PAN-PRD, posible sin Calderón y sin AMLO


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Política en Movimiento

Angélica Beltrán

CDMX a 24 de octubre, 2017

En pasada plática con el diputado Jesús Zambrano, uno de los impulsores del Frente Ciudadano por México -que encabezan PAN y PRD-, explicó un detalle significativo que aclara la alianza entre dos partidos que se observaban como el agua y el aceite. Y que hasta hace unos años eran enemigos acérrimos, incluso desde el Legislativo, diputados del PRD y PAN se enfrentaron a golpes en 2006, en un intento por evitar la protesta presidencial de Felipe Calderón, y por otro, para lograr el acto que daría legalidad al panista como jefe del ejecutivo federal.

Resulta que para el PAN y el PRD el obstáculo principal para considerar una alianza se disipó cuando René Bejarano, y con este el grupo cercano a López Obrador, incluido el propio tabasqueño, renunció al partido del Sol Azteca. Por el lado del partido albiazul, el momento similar fue cuando el grupo calderonista se alejó de la dirigencia nacional, y más recientemente, la salida de Margarita Zavala del partido azul, apuntaló la ruptura.

La salida de los obradoristas del PRD y de los calderonistas del PAN, hizo posible una alianza entre ambos partidos, más allá de lo electoral, pues es sobre todo político-estratégica, explicó en amena charla el diputado que ocupa la vice-coordinación en la bancada del PRD.

Y es que hasta la fecha los perredistas no reconocen la legitimidad de la presidencia del michoacano Felipe de Jesús. A la vez, supuso el sonorense, el PAN quizá no hubiese buscado la alianza si dentro del PRD siguiera el Sr. de las Ligas.

El Frente solicita desafuero para tres priistas

La alianza PAN-PRD (MC) es sin duda una jugada maestra contra el PRI no sólo rumbo a las elecciones del 2018, sino desde el legislativo. Y es que además del sonado triunfo del Frente Ciudadano que derribó al PRI la posibilidad de nombrar a un “fiscal carnal” para la Fiscalía General de la República, el Frente Ciudadano continúa con los golpes políticos.

Ahora impulsan el desafuero de tres diputados del PRI: Alberto Ramos Silva y Antonio Tarek Abdalá, ex colaboradores del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; así como de la guanajuatense Bárbara Botello, ex alcaldesa de León. Todos ellos están acusados de desviar recursos públicos, malversar fondos y peculado.

En el caso de los veracruzanos, en comisión, el dictamen para aprobar la solicitud de desafuero quedó en empate técnico: dos votos del PRI en contra y dos votos a favor, del PAN y PRD. Ante lo cual, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, panista, anunció este lunes que el empate no significa desechar la solicitud, sino una revisión jurídica que determine a qué se procede, pudiendo ser revisado el desafuero desde el pleno cameral.

En este caso, el Frente Ciudadano con el PAN-PRD-MC unidos y la adhesión de Nueva Alianza, podría alcanzar los votos para desaforar a los diputados priistas, lo que permitiría que éstos sean investigados por las autoridades correspondientes, como cualquier mexicano.

Se podría considerar esta solicitud de desafuero un acto más que muestra ya contrapesos reales dentro de la élite política.

Millonarios bebederos

¿Cuánto cuesta instalar bebederos en las escuelas, como lo exige reciente ley, como medida para disminuir el consumo de refrescos y en general bebidas endulzadas, causa de la obesidad entre la población infantil? Nadie podría imaginarlo, porque no se trata de un precio real de mercado, de acuerdo al costo del material y mano de obra, sino de un precio por demás inflado.

De acuerdo a una información solicitada a la SEP por el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante de la comisión de la niñez, resulta que cada bebedero cuesta al erario más de un millón de pesos. Un precio descarado que ha fijado la SEP, cuyo titular, el presidenciable Aurelio Nuño, sigue pendiente de la designación del candidato del PRI a la presidencia de la república, y quizás por ello se ha tomado muy en serio el dicho de “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”.

Aunque, claro, estas arbitrariedades y sobreprecios en la obra pública deben ser denunciados, investigados y sancionados.

 

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